En octubre de 2026, la investigación judicial sobre la crisis de Ceuta se centra en verificar si el alcalde Juan Vivas alertó diez veces al presidente Sánchez antes de la entrada masiva de migrantes. La jueza Tardón ha solicitado ahora los registros de llamadas telefónicas entre ambos para constatar las comunicaciones reales, un paso que busca esclarecer la versión de Vivas (que afirma haber llamado diez veces y recibido solo tres respuestas) frente a la del Gobierno (que sostiene haber mantenido comunicación constante).
La crisis comenzó el 30 y 31 de julio, cuando entre 70.000 y 85.000 personas cruzaron desde Marruecos a Ceuta en dos días. El Gobierno negó haber tenido avisos previos, pero después se filtró un informe de la Policía Nacional concluyendo que la gendarmería marroquí organizó la operación, y documentos desclasificados del CNI mostraron un aviso el 29 de julio sobre un «asalto por valla y mar». El PP denunció ocultamiento y posible chantaje marroquí; el Ejecutivo tomó control administrativo de Ceuta hasta fin de año para instalar alojamiento e intentó trasladar 500 menores a la Península, plan que el PP local bloqueó tras un pulso judicial que permitió los traslados a un campamento en el puerto. En paralelo, España entregó a Marruecos un buque militar de 130 millones de euros, y salió a la luz que el Gobierno había ordenado en agosto a la Policía Local de Ceuta que dejara de facilitar salidas de migrantes hacia Marruecos, lo que el alcalde denunció como contradictorio.
Una encuesta mostró que el 87% de los españoles cree que Marruecos dirigió el asalto a Ceuta, opinión compartida incluso por votantes del PSOE, que además piensan que Sánchez conocía el informe policial cuando negó la implicación marroquí. El 54% de los españoles pedirían romper relaciones con Marruecos si el país sigue reclamando Ceuta y Melilla. El sindicato policial SUP se opuso formalmente mediante acción judicial a instalar un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta por considerarlo un riesgo para una infraestructura crítica.
La jueza Tardón continúa investigando quién organizó, coordinó y pagó la entrada masiva a Ceuta. Está pendiente de que los registros de llamadas telefónicos entre Vivas y Sánchez verifiquen la versión del alcalde sobre diez intentos de comunicación y tres respuestas, lo que permitirá esclarecer si hubo negligencia estatal o comunicación constante como el Gobierno sostiene. También queda abierto si el campamento del puerto se mantiene de forma definitiva, si se resuelve el bloqueo sobre el traslado de 500 menores, y si la contradicción entre el discurso público y las órdenes secretas sobre salidas genera acciones legales de las ONG.
Una jueza investiga qué pasó antes de que entraran miles de migrantes en Ceuta en julio. El presidente de Ceuta dice que intentó llamar al presidente del Gobierno diez veces, pero quiere verlo probado con los registros de llamadas.
Un juez quiere saber si el gobierno sabía que iba a haber una invasión en Ceuta y no lo comunicó. El presidente de Ceuta dice que intentó avisar 10 veces a Sánchez, pero el gobierno dice que hubo comunicación constante. Ahora el juez pedirá todos los avisos y documentos sobre esto.
La administración del Gobierno en Ceuta ordenó en agosto que la Policía Local dejara de ayudar a migrantes a salir de la ciudad hacia Marruecos. El alcalde dice que esto contradice lo que el Gobierno había dicho públicamente y que las ONG podrían denunciarlos por ello.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llevado el problema de Ceuta a Bruselas para presionar a Europa y, al mismo tiempo, criticar al Gobierno de Sánchez. Feijóo dice que el Gobierno no está defendiendo suficientemente a Ceuta en Europa, así que él mismo ha viajado varias veces a la ciudad y ha hablado con líderes europeos. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que respalda las medidas de seguridad en Ceuta, algo que el PP presenta como un triunfo de su trabajo diplomático.
Una jueza que investiga lo que pasó en Ceuta está pidiendo al Gobierno fotos tomadas desde satélites de los días antes del asalto. El Gobierno dice que no puede dar esas imágenes porque son secretas. Es un choque entre la justicia que quiere investigar y el Gobierno que se niega.
Una jueza ha puesto a trabajar a 21 unidades policiales y agencias de espionaje para investigar cómo entre 75.000 y 85.000 migrantes entraron en Ceuta el 30 y 31 de julio. Quiere saber quién organizó todo, quién lo pagó y quién dio las órdenes. Es la investigación más grande que se ha hecho de este tema.
El Gobierno de Ceuta está furioso porque el Ministerio del Interior ha pedido que no se juegue un partido de fútbol (España contra México) en la ciudad. Interior dice que no puede garantizar la seguridad por la tensión con Marruecos, pero Ceuta cree que es una excusa política.
El Gobierno español da números contradictorios sobre cuántos inmigrantes han llegado a Ceuta. El Ministerio del Interior dijo una cifra, pero el presidente Sánchez después reconoció el doble. Además, los datos sobre menores migrantes cambian cada semana.
Los servicios de inteligencia militar, el CNI (Centro Nacional de Inteligencia, que es como la policía secreta del Estado) y la Policía avisaron al Gobierno de que iba a haber un asalto masivo a Ceuta, la ciudad española en África. El Gobierno no hizo caso, y ahora hay documentos que lo prueban.
El Gobierno español comienza a trasladar a miles de migrantes que dormían en las playas de Ceuta a un campamento temporal en el puerto. Un juez dio el visto bueno después de que el Ministerio de Transportes tomara el control del puerto sin permiso del gobierno local.
España entrega a Marruecos un buque militar de 130 millones de euros fabricado por Navantia, justo cuando hay problemas de seguridad en la frontera de Ceuta. El gobierno minimiza la entrega sin ceremonia oficial, mientras surgen documentos militares sobre alertas de invasión que no se hicieron públicos.
El Gobierno ha logrado un punto a su favor en el conflicto sobre el puerto de Ceuta y la llegada de migrantes, pero admite que la lucha política no ha terminado. Los partidos de oposición seguirán cuestionando sus decisiones sobre este tema.
Un tribunal ha ordenado parar el campamento que el Gobierno quería abrir en el puerto de Ceuta para alojar a más de mil migrantes. Los policías se oponen porque creen que es peligroso meter a tanta gente en un lugar tan importante para la ciudad.
Una jueza española investiga quién coordinó, financió y decidió el salto masivo de 75.000 a 85.000 migrantes a Ceuta el pasado julio. Cree que sin dinero y organización no fue posible, y pide ayuda a policía e inteligencia para identificar a los responsables.
El Gobierno ha tomado control de Ceuta desde finales de agosto y está montando carpas y alojamientos temporales para los miles de inmigrantes que llegaron en julio. Hay unos 10.000 migrantes viviendo en la calle y playas, y el Gobierno quiere meter a todos en instalaciones ordenadas antes de fin de año.
Los aliados políticos del Gobierno piensan que Pedro Sánchez no señala a Marruecos por la crisis migratoria porque el país podría tener información privada robada de sus móviles. Sánchez lo niega, pero la sospecha crece entre sus socios.
El Gobierno socialista intenta cambiar de tema después de la crisis migratoria en Ceuta. Su única opción es presentar unos Presupuestos Generales del Estado (las cuentas públicas del país) que, aunque probablemente no aprobarán, les permitirían hablar de otras cosas y justificar elecciones anticipadas.
El lehendakari del País Vasco (el presidente de esa región) dice que el problema de Ceuta es tan grave que podría acabar con la legislatura de Sánchez. Pide que el Gobierno lo resuelva ya, antes de que se complique más.
Hace mes y medio, unos 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Ahora el Gobierno publica documentos para probar que no fue avisado, pero sus propios ministros dicen cosas diferentes. El lío es tal que hay un juicio abierto por lo que pasó.
El Gobierno y la ministra de Defensa coordinaron lo que dirían los servicios secretos sobre una crisis migratoria en Ceuta para defenderse de acusaciones de que ignoraron avisos. El Gobierno publicó documentos secretos para justificar sus acciones ante un salto masivo de 72.000 personas.
Diputados socialistas no entienden la explicación del Gobierno sobre cómo llegaron 70.000 migrantes a Ceuta en julio. Sánchez dice que no se podía prever, pero documentos desclasificados muestran que había avisos previos. El partido está descontento y ve difícil defender este mensaje.
El Gobierno publicó documentos sobre la crisis de Ceuta que le han salido contraproducentes. Muchos esperaban que el presidente Sánchez tomara decisiones fuertes, pero en cambio parece que perdió el control de la situación. Nadie ha sido destituido y su postura sobre Marruecos no convence a casi nadie.
El Congreso aprobará este jueves una ley para dar nacionalidad española a saharauis nacidos antes de 1977 y sus descendientes. El PSOE votará a favor, el PP se abstendrá y Vox dirá no. La votación llega en medio de la tensión con Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta.
Documentos desclasificados prueban que los servicios de inteligencia (CNI) avisaron del asalto a Ceuta un día antes. Pero ministros y delegados del Gobierno dicen que ellos no se enteraron o que los avisos no llegaron bien. Todos se señalan entre sí para no cargar con la culpa.
El Gobierno defiende que el CNI solo envió mensajes informales por WhatsApp el día antes de la crisis de Ceuta, no una alerta oficial. Pedro Sánchez asegura que nadie podía prever lo que pasó. Los documentos publicados muestran que los servicios de inteligencia avisaron de convocatorias en redes sociales, pero no calcularon bien cuánta gente llegaría.
El presidente del Gobierno critica duramente al alcalde de Ceuta y al partido de la oposición (PP) por no dejar de hablar del conflicto con Marruecos. Dice que lo hacen porque les beneficia políticamente, no porque quieran resolver el problema.
En julio pasado, 72.000 personas cruzaron desde Marruecos hasta Ceuta en pocas horas. Ahora el Gobierno español denuncia ante los juzgados que Marruecos organizó la invasión a propósito. Un juez abre investigación y empieza a señalar a autoridades marroquíes.
Una jueza está investigando si el Gobierno español reaccionó correctamente cuando recibió avisos sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta el 30 y 31 de julio. El Gobierno dice que los avisos no predijeron lo que pasó, pero la jueza quiere saber si se tomaron medidas suficientes con la información que tenían.
El 30 y 31 de julio entraron 80.000 inmigrantes irregulares en Ceuta. Todos los partidos políticos —desde la izquierda hasta la derecha— creen que Marruecos lo permitió o lo organizó. Pero el presidente Pedro Sánchez sigue negándolo, y eso lo deja solo y sin salida fácil.
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, acusó directamente a Marruecos de haber organizado y permitido que miles de personas saltaran a Ceuta hace poco. Dice que el Gobierno actual lo sabía pero no hizo nada. Feijóo podría ser presidente en menos de un año, así que sus palabras tienen mucho peso político.
Un informe de la Policía dice que Marruecos organizó y dirigió la entrada masiva de personas en Ceuta hace poco. La mayoría de españoles, incluso muchos votantes del PSOE (el partido socialista en el gobierno), está de acuerdo con eso. También piensan que el presidente Sánchez sabía este informe cuando negó la culpa de Marruecos.
Una encuesta muestra que la mayoría de españoles pediría al gobierno que corte relaciones con Marruecos si no deja de reclamar Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas en la costa norte de África. Mientras tanto, varios ministros marroquíes dicen en público que Marruecos nunca va a renunciar a esas ciudades, y el gobierno español no responde.
El gobierno quiere llevar a 500 niñas inmigrantes de Ceuta a ciudades españolas para descongestionar los centros de acogida que están saturados. El PP se opone y bloquea el plan, y Ceuta ahora dice que no tiene constancia oficial de que existan plazas disponibles para recibirlas.
El Gobierno está asustado porque un juzgado está investigando qué pasó en Ceuta, y teme que los jueces lo culpen de algo. La presidenta de los jueces tuvo que pedir respeto porque algunos políticos intentaron presionar al tribunal. Es el último enfrentamiento entre el Gobierno y la Justicia.
Un ministro de Marruecos ha dicho públicamente que su país no dará terreno sobre Ceuta, una ciudad española en la costa africana. Las tensiones entre España y Marruecos sobre este territorio siguen subiendo.
El presidente del Gobierno español intenta evitar que sus aliados se enfaden con su política hacia Marruecos, pero no lo consigue. Hay desacuerdo dentro del propio Gobierno, especialmente con la ministra de Defensa. Esto debilita al Ejecutivo cuando más necesita estar unido.
El presidente Sánchez quiere que Ceuta tenga el mismo trato que Canarias o Madeira en Europa: dinero extra y reglas especiales. Para eso hay que cambiar las leyes de la UE y todos los países tienen que estar de acuerdo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Parlamento sin apoyo de sus aliados de izquierda por la situación en Ceuta, una ciudad española en el norte de África que Marruecos reclama. Tanto la oposición como sus propios socios le piden que sea más duro con el país vecino.
El Gobierno de Sánchez dice que Marruecos no tuvo nada que ver en la entrada masiva de migrantes a Ceuta hace poco más de un mes. Pero la Policía entregó un informe a los jueces diciendo lo contrario: que policías marroquíes ayudaron activamente. Ahora el ministro del Interior está bajo presión y todo el mundo le pide que se vaya.
Un informe policial filtrado sugiere que policías marroquíes ayudaron a que 70.000 personas entraran en Ceuta el 30 de julio. El presidente Sánchez va al Congreso bajo presión porque todos los partidos quieren que critiquemos más a Marruecos, pero el Gobierno insiste en mantener buena relación con el país vecino.
Un informe policial sostiene que el gobierno de Marruecos autorizó y coordinó el asalto masivo a la ciudad española de Ceuta en 2021. La investigación afirma que las autoridades marroquíes no solo lo permitieron, sino que lo organizaron desde dentro.
Hace un mes entraron miles de personas desde Marruecos a Ceuta. Ahora hay manifestaciones el miércoles, y el PP va a usarlas para atacar al Gobierno de Sánchez. Pero ni siquiera los alcaldes socialistas lo apoyan todos.
Miles de personas entraron en Ceuta en julio desde Marruecos. Ahora la Policía dice que fue planificado por agentes marroquíes para colapsar las fronteras españolas. El ministro del Interior pregunta por qué no le lo dijeron antes.
El Gobierno español cree que el Rey no puede ir a Ceuta ahora mismo porque teme que Marruecos se enfade y cierre la frontera para devolver migrantes. La crisis de la ciudad podría durar dos meses más.
El presidente Pedro Sánchez dice que Marruecos no tuvo culpa en la entrada de miles de migrantes en Ceuta en julio, pero ni la derecha ni sus propios socios en el Parlamento lo creen. Sánchez prefiere no enfadar a Marruecos porque necesita su ayuda, pero eso lo deja muy solo políticamente.
Un mes después de la crisis migratoria de Ceuta, el presidente Pedro Sánchez (socialista, partido de izquierda) rompió su silencio sin reconocer ningún fallo y defendiendo a Marruecos. Sus propios socios de gobierno, sindicatos e incluso compañeros del PSOE le critican duramente por no resolver la crisis y por no haber estado presente durante el caos.