
Un tribunal ha ordenado parar el campamento que el Gobierno quería abrir en el puerto de Ceuta para alojar a más de mil migrantes. Los policías se oponen porque creen que es peligroso meter a tanta gente en un lugar tan importante para la ciudad.
En julio llegaron miles de migrantes a Ceuta, una ciudad española en África que tiene fronteras con Marruecos. El Gobierno (el equipo de Pedro Sánchez que dirige el país) decidió construir un campamento temporal en el puerto para meter a unos mil de esos migrantes que vivían en las calles. Pero el SUP (Sindicato Unificado de Policía, el sindicato de los policías nacionales) dijo que no, que eso es peligroso porque el puerto es una instalación crítica. Presentaron una queja en la Audiencia Nacional (el tribunal que controla que el Gobierno cumpla la ley), y ahora el juez ha dicho: espera, no se puede hacer esto todavía. Es como un «freno de emergencia»: no es una decisión final, solo una pausa mientras el tribunal decide si le da la razón al sindicato de policías o al Gobierno.
Mientras el tribunal decide, los migrantes siguen en las calles de Ceuta sin lugar fijo donde dormir. El campamento no avanza, el Gobierno da 12 horas al tribunal para explicar su proyecto, y la ciudad sigue con una crisis sin resolver. Lo concreto es que hay mil personas sin alojamiento y nadie encuentra una solución que satisfaga a todos: ni a los que ven un problema de seguridad, ni a los que ven un problema humanitario.