
El 30 y 31 de julio entraron 80.000 inmigrantes irregulares en Ceuta. Todos los partidos políticos —desde la izquierda hasta la derecha— creen que Marruecos lo permitió o lo organizó. Pero el presidente Pedro Sánchez sigue negándolo, y eso lo deja solo y sin salida fácil.
En julio pasado, decenas de miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta (una ciudad española en el norte de África) en solo dos días. Los informes internos del Gobierno español dicen que policías marroquíes «guiaron» a los migrantes. Marruecos es clave para España: controla quién entra y sale, lucha contra el terrorismo con nosotros, y protege nuestras fronteras. Pero hace cuatro años, cuando España acogió a un líder del Sáhara Occidental —una región que Marruecos quiere controlar—, Marruecos dejó pasar a 12.000 personas en represalia. Desde entonces, la relación es tensa. Hace poco, España cambió su posición y apoyó que el Sáhara sea una región marroquí. Ahora el Gobierno dice que no hay pruebas de que Marruecos haya organizado la entrada masiva de julio. Pero diputados de izquierda, derecha, nacionalistas y separatistas —grupos que casi nunca están de acuerdo— coinciden en que Sánchez está siendo demasiado débil.
El Gobierno está atrapado entre dos fuegos. Si endurece la posición contra Marruecos, pierde cooperación en migración, seguridad y fronteras: hay riesgo de más entrada de migrantes y menos ayuda antiterrorista. Si sigue siendo blando, pierde el apoyo de sus propios aliados parlamentarios, que son necesarios para gobernar. La gente normal de Ceuta sufre la crisis migratoria sin solución clara. Los españoles necesitan saber si el Gobierno es competente para negociar con Marruecos o si está demasiado débil para defender los intereses nacionales.