El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a aprobar el 6 de octubre los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó cuatro días antes, esta vez mediante la Diputación Permanente, un órgano de menor tamaño que funciona cuando las Cortes están disueltas. Así evita que Junts pueda bloquearlos como hizo en el pleno.
Todo comenzó con el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de 70 años en su vivienda madrileña y fue expulsada tras una subida de alquiler por la empresa Urbagestión. El caso, retransmitido y muy comentado, provocó una acampada del Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol y presionó al Gobierno para actuar. Bajo esa presión, el Ejecutivo aprobó dos decretos el 30 de septiembre con medidas de protección frente a desahucios, prórroga de alquileres, límites a fondos de inversión y 10.000 millones en préstamos sin interés para compra de primera vivienda, además de financiación para construir casas nuevas.
Al llevarlos al Congreso el 2 de octubre, votaron en contra PP, Vox y Junts, y los decretos cayeron. Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, lo que disolvió las Cortes. Aprovechando esa disolución, el Gobierno reaprobó los mismos decretos en la Diputación Permanente el 6 de octubre, donde Junts no tiene poder de veto.
El Sindicato de Inquilinas organizó una acampada en la Puerta del Sol de Madrid con participación de cientos de personas los días previos a la votación del 2 de octubre, en una protesta comparada con la movilización de los 'indignados' de hace 15 años; la organización manifestó su apoyo a los decretos del Gobierno. No hay encuestas de opinión pública sobre el tema en el material disponible.
Quedan por determinarse los efectos reales de la aprobación de los decretos en la Diputación Permanente: si se implementan, personas desahuciadas tendrán más tiempo para negociar, jóvenes sin ahorros podrán acceder a préstamos sin interés para compra de primera vivienda, y habrá financiación nueva para construir casas. Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 determinarán qué Congreso resultante deberá, en su caso, ratificar, modificar o derogar estas medidas. Será decisivo ver si el mercado responde con más oferta de vivienda o si los precios suben como advierte la derecha.
El Gobierno ha vuelto a aprobar dos decretos sobre vivienda que el Congreso rechazó hace una semana. Esta vez, en lugar de votarlos en el Congreso completo, los votará un grupo más pequeño llamado Diputación Permanente, donde el partido Junts ya no puede bloquearlos. Los decretos incluyen dinero para ayudar a comprar casa y proteger a personas que van a ser desahuciadas.
El gobierno aprueba un paquete de ayudas para que la gente joven pueda comprar vivienda: 10.000 millones de euros en financiación, más dinero para construir casas nuevas, y prórroga de dos años en los contratos de alquiler. También pagará el estado los gastos cuando haya que echar a alguien de una casa.
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere sacar adelante de nuevo un decreto sobre vivienda que fue rechazado el viernes en el Congreso. Ahora lo intenta llevar a otro órgano donde cree que tendrá más apoyo. La oposición dice que es un intento de esquivar la voluntad del Parlamento.
El Gobierno intentará aprobar de nuevo dos decretos sobre vivienda que el Congreso rechazó el viernes. Esta vez, la decisión depende de un órgano pequeño llamado Diputación Permanente, donde el voto del PNV (un partido nacionalista vasco) es clave. El PNV dice que probablemente votará que sí, pero quiere que el Gobierno cambie algunas cosas.
El Gobierno vuelve a aprobar mañana dos decretos sobre vivienda que el Congreso rechazó hace una semana. Esta vez los someterá a votación en la Diputación Permanente, un órgano diferente donde tiene más posibilidades de ganar. Todo empezó con el desahucio de una señora de 87 años que generó protestas masivas.
El Parlamento español celebra una sesión especial para votar una norma que afecta a las leyes de vivienda. Al mismo tiempo, activistas acampados en la Plaza del Sol (Madrid) reaccionan a esta votación. Es un momento de tensión entre lo que decide el Congreso y lo que pide la gente en la calle.
El Gobierno aprobó dos decretos para ayudar a la gente sin casa tras la polémica del desahucio de una anciana. El Congreso vota hoy si los acepta, pero es difícil que pasen porque dependen de partidos pequeños que aún no se deciden.
El Gobierno se niega a retirar dos decretos sobre vivienda que se votarán este viernes en el Congreso, aunque Junts (un partido pequeño que apoya al Gobierno) ha amenazado con votar en contra. El presidente Sánchez dice que es hora de que la oposición y sus socios elijan: estar con la gente o con los especuladores.
El partido independentista Junts ha anunciado que votará en contra de los dos decretos de vivienda que el Gobierno aprobó para frenar desahucios y regular alquileres. Junts exige que el Gobierno retire estas normas y redacte otras nuevas. Sin su apoyo, los decretos probablemente fracasarán en la votación del Congreso este viernes.
El Gobierno aprobó dos decretos para proteger la vivienda (impedir desahucios sin alternativa y alargar contratos de alquiler), pero el partido Junts dice que no, y sin ellos no hay mayoría en el Congreso. El Gobierno insiste en votarlos igual, aunque sabe que perderá.
El Gobierno vota este viernes dos decretos que podrían caer si no consigue suficientes apoyos en el Congreso. Junts, un pequeño partido independentista catalán, tiene el poder de decidir qué pasa: puede hundir el primero votando no, pero el segundo necesita más apoyos de otros partidos para salvarse.
El gobierno ha sacado un paquete de medidas para que haya más vivienda asequible. Da dinero a propietarios que vendan sus pisos al Estado, sube impuestos a los pisos turísticos y a las empresas que compran casas para alquilarlas. La idea es que haya más casas disponibles y a precios menores.
El Gobierno aprobó dos leyes urgentes sobre vivienda después del desahucio de Maricarmen, pero no tiene garantizado el voto de todos los partidos que necesita en el Congreso. Tres partidos importantes (Junts, PNV y Podemos) todavía no han decidido si votarán a favor, mientras que otros tres ya han confirmado su apoyo.
El Gobierno aprobó dos leyes urgentes sobre vivienda, pero necesita que Junts (7 diputados catalanes independentistas) y Podemos (4 diputados de izquierda radical) voten a favor este viernes para que salgan adelante. Ambos partidos todavía no han dicho si apoyarán o se opondrán, lo que deja al Ejecutivo en la incertidumbre.
El Gobierno ha decidido que los grandes fondos de inversión no pueden comprar pisos hasta 2028. La idea es que haya más casas disponibles para la gente normal y los precios no suban tanto. El Congreso votará esta medida el viernes.
El Gobierno ha aprobado dos paquetes de medidas sobre vivienda para responder a las protestas por el desahucio de Maricarmen. Ahora necesita que Podemos y Junts (sus socios parlamentarios) voten a favor el viernes, pero ninguno ha confirmado su voto todavía.
El Gobierno acaba de presentar un plan para proteger a personas que no tienen dónde vivir: les impide echarlas de casa hasta 2028 y permite alargar los contratos de alquiler dos años más. La medida llega después de protestas en Madrid por gente sin vivienda, pero sus socios políticos ya discuten si es suficiente.
El Gobierno intenta sacar adelante una ley sobre vivienda, pero sus propios aliados la rechazan. La izquierda quiere más protección para inquilinos; los independentistas catalanes dicen que perjudica a dueños pequeños. Nadie está contento.
Madrid quiere construir más pisos rápido cambiando las leyes de urbanismo. El Gobierno central responde con decretos contra los fondos que compran casas. Mientras tanto, hay acampadas en la calle porque la gente no puede pagar alquiler ni comprar casa.
El Gobierno quiere aprobar este martes nuevas normas para abaratar la vivienda, pero aún no sabe si los otros partidos lo van a permitir. Mientras tanto, hay gente acampada en Sol pidiendo que solucionen la crisis de vivienda de verdad, no con parches.
El Gobierno va a aprobar este martes nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Lo hace presionado por las protestas en la calle tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, y porque sus socios políticos lo exigen. Pero todavía está negociando los detalles con Junts y Podemos para que todos apoyen el texto.
Cientos de personas acampan en la Puerta del Sol de Madrid pidiendo medidas urgentes contra la crisis de la vivienda. El Gobierno debe aprobar un decreto el martes, pero sus socios políticos quieren cosas diferentes y aún no hay suficientes apoyos garantizados.
Miles de personas acampan en Madrid exigiendo que el Gobierno apruebe leyes para proteger a inquilinos de desahucios y subidas de alquiler. El movimiento de vivienda presiona a los partidos para que pacten medidas que prohíban echar a la gente de sus casas y congelen los precios de alquiler.
Maricarmen, una mujer de 87 años, fue desahuciada de su casa y su caso generó tanta presión pública que el Gobierno y sus aliados políticos están forzados a ponerse de acuerdo para aprobar nuevas leyes que eviten más desahucios como el suyo.
El presidente del Gobierno intenta que dos de sus socios parlamentarios, Sumar y Junts, dejen de pedir cosas contradictorias para poder aprobar medidas sobre vivienda que la gente reclama. Uno quiere proteger a inquilinos pobres; el otro quiere ayudas para dueños de pisos.
Una mujer de 87 años fue echada de su casa en Madrid después de vivir ahí 70 años. El caso muestra un problema mayor: quién controla el alquiler en España y cómo proteger a los inquilinos. El gobierno está negociando una nueva ley para cambiar las reglas del juego.
Un desahucio retransmitido por televisión ha presionado al Gobierno español para aprobar rápidamente una nueva ley sobre vivienda. El Gobierno negocia con urgencia para que la ley salga adelante el martes y después no la bloqueen en el Parlamento.
El Gobierno de España aplaza llevar su decreto de vivienda al Consejo de Ministros porque aún no tiene cerrados los acuerdos con sus socios parlamentarios Junts y Podemos. El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada esta semana, ha movido la negociación, pero el Gobierno quiere garantizar que el decreto tendrá apoyo antes de aprobarlo.
Una anciana de 87 años fue desalojada de su casa en Madrid mientras la policía detenía a quienes protestaban. En otras ciudades europeas, las leyes evitarían situaciones así limitando cuánto pueden subir los alquileres. La diferencia: allí protegen más a los inquilinos.
Un partido político catalán (Junts) que tiene poder en el Parlamento dice que apoyará un plan del Gobierno para frenar desahucios solo si baja los impuestos a la gente que alquila o compra casa. Mientras tanto, hay protestas en la calle contra el Gobierno.
El Gobierno quiere aprobar esta semana un plan para proteger a la gente que no puede pagar su casa y evitar que la echen a la calle. Lo hacen después de que un desahucio en Madrid conmovió a mucha gente. Negocia con sus aliados políticos para que todos estén de acuerdo.
Blanca y Maricarmen, dos inquilinas de Madrid, se enfrentan a desahucios de sus casas aunque pagan el alquiler puntualmente. Sus dueños quieren vaciar los edificios para ganar más dinero. El Gobierno prometió en julio una ley para frenar esto, pero sigue sin aprobarla.