
Blanca y Maricarmen, dos inquilinas de Madrid, se enfrentan a desahucios de sus casas aunque pagan el alquiler puntualmente. Sus dueños quieren vaciar los edificios para ganar más dinero. El Gobierno prometió en julio una ley para frenar esto, pero sigue sin aprobarla.
En España, el precio de los alquileres está fuera del alcance de muchas personas. El Gobierno (la administración que dirige el país) prometió hace meses un real decreto, que es una norma rápida para frenar especulación inmobiliaria y proteger a inquilinos. Pero ese decreto sigue sin aprobarse porque no hay acuerdo político: la derecha dice que es regulación excesiva, y la izquierda dice que no va lo bastante lejos. Mientras, casos como el de Blanca y Maricarmen (que vive en el mismo piso desde 1956) ilustran cómo propietarios ricos compran edificios y expulsan a inquilinos antiguos para revender las casas a mayor precio, aunque los inquilinos paguen religiosamente.
Lo que está pasando afecta a la vida real de millones de personas: alquileres que suben cada año, jóvenes que no pueden independizarse, personas mayores expulsadas de sus casas. Los datos muestran que los embargos por hipotecas suben un 27,5 por ciento, lo que significa que incluso quienes compraron casa ahora no pueden pagarla. El decreto del Gobierno podría cambiar las reglas para inquilinos, pero está bloqueado en el Parlamento. Sin ley, cada familia se juega sola en los juzgados.