
El Gobierno de Canarias propone una ley que impediría comprar vivienda a quien no lleve 10 años empadronado en las islas. También limitaría a dos casas por persona y busca frenar que empresas de alquiler vacacional acaparen las propiedades. La medida intenta proteger a los residentes de que extranjeros y inversores compren toda la vivienda disponible.
Canarias es un archipiélago español con un problema grave: hay muy poco terreno para construir, y muchas personas de fuera quieren comprar casas allí para vivir de vacaciones o alquilarlas por temporadas. Fernando Clavijo (presidente del Gobierno canario) lidera una coalición entre Coalición Canaria (un partido regional) y el PP (Partido Popular, la derecha española). El PSOE (Partido Socialista, la izquierda) apoyó esto porque forma parte de un acuerdo más amplio. El problema es que hoy, uno de cada tres casas que se vende va a parar a manos de extranjeros, y muchas acaban alquiladas a turistas en lugar de servir como vivienda para quien vive allí. Esto hace que los precios suban y los locales no puedan comprar donde viven. La Unión Europea (UE) permite que cualquiera compre casa en cualquier país, así que Canarias intenta usar una norma especial que existe para islas lejanas.
Si esta ley se aprueba, tendría consecuencias directas en el bolsillo de la gente normal. Quien quiera mudarse a Canarias tendría que esperar una década antes de poder comprar casa, aunque trabaje allí. Los precios de las viviendas dependen de cuántas personas puedan comprar: si hay menos compradores, teóricamente bajarían. Pero el verdadero impacto será saber si Bruselas (la UE) lo permite: si lo veta, Canarias no puede hacerlo. Y si lo permite, otros territorios turísticos en España (Barcelona, costas) querrán lo mismo. En cualquier caso, el acceso a la vivienda seguirá siendo complicado para la mayoría sin más medidas de construcción pública.