
El presidente Pedro Sánchez (gobierna España) ha usado el caso de Maricarmen, una mujer a punto de ser desahuciada de su casa, como ejemplo de por qué necesita más poder. Pero resulta que los decretos que él mismo aprobó no habrían impedido su desahucio, porque su contrato de alquiler barato se acabó hace 19 años y ya no cumple los requisitos.
En España, el gobierno de Sánchez (Partido Socialista, centroizquierda) ha impulsado varias leyes para proteger a inquilinos que arriesgan perder su vivienda. Maricarmen es una persona que vive en un piso con renta antigua, un contrato de alquiler muy barato que se hacía décadas atrás. El gobierno la ha puesto como símbolo de sus políticas de defensa de la vivienda, especialmente durante las campañas electorales. Sin embargo, un análisis detallado muestra que el contrato de Maricarmen ya no estaba protegido por las reglas actuales: su contrato de renta antigua expiró hace casi dos décadas y no podía pedir una prórroga nueva. Esto significa que aunque el gobierno hubiera aplicado sus propios decretos, ella seguiría sin estar cubierta.
Lo que importa en la práctica es que hay gente como Maricarmen que está perdiendo sus casas y ninguna de las dos soluciones actuales (más leyes del gobierno o más libertad de mercado) está arreglando el problema de verdad. Sea cual sea tu opinión política, lo cierto es que hay miles de personas en situación similar: sus contratos viejos se acabaron, los precios nuevos son imposibles de pagar, y los decretos no les cubren. Este caso deja claro que hablar de un problema en campaña electoral y arreglarlo son dos cosas muy distintas.