Qué es un decreto-ley y por qué tiene que convalidarlo el Congreso

Las leyes las hacen las Cortes Generales: el Gobierno o los grupos proponen un texto, el Congreso y el Senado lo debaten y lo votan. Eso lleva meses.

La Constitución deja una vía rápida: «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», el Gobierno puede aprobar «disposiciones legislativas provisionales» que se llaman decretos-leyes (artículo 86.1). Las aprueba el Consejo de Ministros, se publican en el BOE y valen como una ley desde que entran en vigor. En 2026 el Gobierno lleva ya 29, según la numeración del BOE.

No es lo mismo que un real decreto a secas. Un real decreto normal es, casi siempre, un reglamento: desarrolla una ley y no puede ir contra ella (artículo 97 de la Constitución). El salario mínimo de cada año, por ejemplo, se fija con un real decreto. Un decreto-ley, en cambio, puede cambiar leyes.

Hay una tercera figura, el real decreto legislativo: también tiene rango de ley, pero el Gobierno lo dicta porque las Cortes se lo han encargado antes con una ley de delegación, por ejemplo para juntar en un solo texto varias leyes (artículos 82 y 85 de la Constitución).

La Constitución pone límites. Un decreto-ley no puede afectar (artículo 86.1):

• al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado;
• a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del título I de la Constitución;
• al régimen de las comunidades autónomas;
• al Derecho electoral general.

El Tribunal Constitucional interpreta «afectar» de forma restrictiva: lo prohibido es regular el régimen general o el contenido esencial de esos derechos, no cualquier norma que tenga que ver con ellos. Por eso un decreto-ley puede, por ejemplo, regular aspectos del alquiler.

Además, tiene que haber de verdad una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Si se recurre, el Tribunal Constitucional puede anularlo por no cumplir esos requisitos. Pueden recurrirlo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los gobiernos y parlamentos autonómicos, y un juez puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad (artículo 162 de la Constitución).

Todo decreto-ley tiene que someterse a debate y votación en el Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación, y el Congreso tiene que pronunciarse expresamente: o lo convalida o lo deroga (artículo 86.2 de la Constitución). El Senado no vota los decretos-leyes, aunque si después se tramitan como proyecto de ley, esa ley sí pasa por el Senado.

El Reglamento del Congreso explica cómo se hace (artículo 151):

• Un miembro del Gobierno explica por qué hizo falta el decreto.
• Se debate como un debate de totalidad: el decreto se vota entero, sin cambiarle nada.
• Votar sí es convalidarlo; votar no es derogarlo.
• Si se convalida, cualquier grupo puede pedir que se tramite además como proyecto de ley. La cámara lo vota, y si dice que sí, se tramita por la vía de urgencia y los grupos pueden presentar enmiendas para cambiarlo (artículo 86.3 de la Constitución y artículo 151.4 del Reglamento).

Los 30 días se cuentan desde que el Gobierno aprueba el decreto, no desde que sale en el BOE, y en días hábiles: el Reglamento del Congreso dice que los plazos por días se computan en días hábiles (artículo 90.1). Según fuentes de la Mesa citadas por EFE, son hábiles de lunes a sábado, sin domingos ni festivos nacionales ni de Madrid. Por eso el plazo real es de algo más de un mes: para los decretos de vivienda del 6 de octubre vence el 13 de noviembre, porque no cuentan los domingos, el 12 de octubre ni los festivos de Madrid del 2 y el 9 de noviembre.

Si el Congreso vota no, el decreto-ley queda derogado: deja de aplicarse desde ese momento, aunque lo que se hizo mientras estuvo en vigor sigue siendo válido. Para recuperar sus medidas, el Gobierno tiene que aprobar una norma nueva.

Ha pasado varias veces este año. Por ejemplo:

• En enero de 2026, el Congreso rechazó un decreto ómnibus, es decir, uno que mezclaba medidas muy distintas en una sola votación, a todo o nada: la subida de las pensiones con otras medidas. Junts votó en contra y pidió votar las pensiones por separado. El Gobierno lo partió en dos decretos. El 26 de febrero, el Congreso convalidó el de las pensiones y tumbó el otro, con medidas del escudo social y de desahucios.
• En abril de 2026 quedó derogado el decreto de medidas en el alquiler por la guerra de Irán.
• El 2 de octubre de 2026, el Congreso tumbó los dos decretos de vivienda del Gobierno. El 6 de octubre, el mismo día en que se disolvieron las Cortes, el Gobierno aprobó otros dos con los mismos títulos: los Reales Decretos-leyes 28/2026 y 29/2026.

Desde que se convocaron las elecciones, el Congreso y el Senado están disueltos. Mientras tanto, cada cámara tiene una Diputación Permanente, un grupo reducido de diputados o senadores en proporción al peso de cada grupo (artículo 78 de la Constitución). La que convalida los decretos-leyes es la del Congreso. Sigue funcionando hasta que se constituyen las nuevas Cortes, el 23 de diciembre.

Ya lo ha hecho: el 16 de octubre convalidó dos decretos-leyes de finales de septiembre, uno sobre la DANA y otro sobre las medidas por la crisis de Oriente Medio.

Es lo que pasará con los decretos de vivienda. El 29/2026, sobre la función social de la vivienda, está en vigor desde el 8 de octubre; el 28/2026, sobre los contratos de alquiler, entra en vigor el 15 de noviembre. Según EFE, el plazo para convalidarlos vence el 13 de noviembre, el día en que empieza la campaña, y la Diputación Permanente prevé votarlos el 12, el día después de la huelga general, según Europa Press. A 21 de octubre la sesión aún no estaba convocada. Si no los convalida, decaen, y el 28/2026 no llegaría a aplicarse.

También tendrá que votarse el decreto de la subida de las pensiones de 2027, que el Gobierno quiere aprobar en funciones después de las elecciones: si sale antes del 23 de diciembre, lo votará la Diputación Permanente; si sale después, el nuevo Congreso.