El CGPJ: qué es y por qué se pelean los partidos por él

La Constitución lo define como el órgano de gobierno del poder judicial y le encarga, en particular, los nombramientos, los ascensos, la inspección y el régimen disciplinario de jueces y magistrados (artículo 122.2).

En la práctica, su Pleno decide, entre otras cosas (artículo 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial):

• quién ocupa los puestos que se deciden valorando méritos, como los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los tribunales superiores;
• la propuesta de dos de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, por mayoría de tres quintos;
• la propuesta del presidente del Tribunal Supremo y un informe previo sobre el nombramiento del fiscal general del Estado.

No juzga casos ni puede decirle a un juez cómo resolver: eso lo deciden los jueces, que son independientes. El CGPJ gestiona su carrera.

El CGPJ lo forman el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y 20 vocales nombrados por cinco años (artículo 122.3 de la Constitución):

• 12 son jueces o magistrados en activo;
• 8 son juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio, como abogados o profesores.

Los 20 los eligen las Cortes: el Congreso elige a diez y el Senado a otros diez, cada cámara por mayoría de tres quintos (artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Entre los diez de cada cámara hay seis jueces y cuatro juristas. Los jueces que quieren ser vocales presentan su candidatura, y las cámaras eligen entre ellos teniendo en cuenta cuántos jueces hay en cada asociación judicial y cuántos no están afiliados (artículo 578).

Una vez constituido, el Pleno elige a su presidente por tres quintos (artículo 586).

Como el Congreso y el Senado necesitan tres quintos para elegir a los vocales, ningún partido puede hacerlo solo: el PSOE y el PP tienen que ponerse de acuerdo. Y como el CGPJ decide quién llega al Tribunal Supremo y propone a dos magistrados del Constitucional, cada uno quiere vocales afines.

Al anterior CGPJ se le acabó el plazo de cinco años el 4 de diciembre de 2018. La ley dice que, si no se renueva, el Consejo saliente sigue en funciones (artículo 570), y desde 2021 un Consejo en funciones no puede hacer los nombramientos que se deciden valorando méritos, como los del Supremo (artículo 570 bis). Durante más de cinco años no hubo acuerdo. El PSOE y el PP lo firmaron el 25 de junio de 2024 en Bruselas, con la mediación de la Comisión Europea, y el 3 de septiembre de 2024 los nuevos vocales eligieron presidenta a Isabel Perelló por 16 votos contra 4, la primera mujer en el cargo.

Los desacuerdos siguen dentro del Consejo. Para nombrar a los magistrados del Supremo y a los presidentes de los tribunales hace falta una mayoría de tres quintos del Pleno (artículo 630.1), así que ninguno de los dos bloques de vocales puede nombrar solo. El 14 de octubre de 2026, Perelló pidió a los vocales un acuerdo para desbloquear seis nombramientos del Tribunal Supremo, cuatro en la Sala Segunda y dos en la Tercera.

El PP defiende que los jueces elijan directamente a los 12 vocales que proceden de la carrera judicial, y que las Cortes solo elijan a los 8 juristas, cuatro cada cámara. «Que los jueces elijan a los jueces es el principio que garantiza la independencia de la Justicia», dijo Cuca Gamarra en el Congreso. El Congreso rechazó tramitar esa reforma el 10 de septiembre de 2026 por 175 votos contra 170: la apoyaron el PP y Vox, y votaron en contra el PSOE, Sumar, ERC y Junts, entre otros.

El PSOE y sus socios defienden que el Parlamento siga interviniendo. Su alternativa es que los jueces participen en la elección de los 12 vocales judiciales, pero que esos nombres los avalen después las Cortes.

La reforma de 2024 encargó al propio Consejo una propuesta sobre cómo elegir a los vocales judiciales, con participación directa de los jueces. El CGPJ aprobó el informe el 5 de febrero de 2025, pero ninguna de sus propuestas consiguió los tres quintos del Pleno.