
Un tribunal que controla el dinero público ha decidido perdonar a Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, y a otros 34 políticos independentistas. Los había acusado de gastar dinero público sin permiso en el referéndum ilegal de 2017, pero ahora los absuelve porque una ley que amnistía ciertos delitos políticos se lo permite.
En 2017, el gobierno catalán (liderado por Puigdemont) organizó un referéndum para la independencia de Cataluña sin permiso del gobierno español. Después, el Tribunal de Cuentas (un órgano español que fiscaliza cómo se gasta el dinero público) abrió una investigación sospechando que habían usado fondos públicos de forma irregular. Ahora, en octubre de 2026, el gobierno español aprobó una ley de amnistía que perdona ciertos delitos políticos relacionados con el independentismo. El Tribunal de Cuentas ha decidido aplicar esa ley y dejar libres a todos los acusados, ordenando además devolver el dinero que les había congelado como castigo.
En la práctica cotidiana, esto significa que Puigdemont y otros líderes ya no tendrán que devolver dinero ni enfrentar más procesos judiciales en este caso. Los funcionarios que trabajaban en la Generalitat durante 2017 también quedan protegidos. Para Cataluña y España, la decisión cierra un capítulo de conflicto político llevado a juzgados, aunque seguirá habiendo debate sobre si fue justo o no.