
El Tribunal Constitucional (el máximo guardián de la Constitución) va a decirle al Tribunal Supremo (el tribunal más alto) que se equivocó al no aplicar la ley de amnistía a los políticos catalanes del procés. Esto significa que probablemente habrá que revisar sus casos y perdonarlos legalmente.
En 2024 el Gobierno aprobó una ley de amnistía para perdonar los delitos de los políticos catalanes que participaron en el procés (el intento de independencia de Cataluña en 2017). El Tribunal Supremo, que es el tribunal más importante del país, decidió que esa ley no se podía aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes catalanes. Ahora, el Tribunal Constitucional, que es quien controla que todo sea legal según la Constitución, está a punto de decir que el Supremo se equivocó y que la amnistía sí debe aplicarse. Es importante porque dos poderes del Estado están en desacuerdo sobre cómo interpretar una ley.
En la práctica, esta decisión podría significar que Puigdemont y otros líderes catalanes eviten penas de cárcel. Los casos volverían al Supremo, que tendría que revisar sus sentencias. Políticamente, muestra una tensión clara: dos instituciones importantes del Estado interpretando la ley de manera totalmente opuesta. Esto afecta a cómo funciona la justicia en España y a quién finalmente paga por lo que pasó en Cataluña en 2017.