
Un magistrado del Tribunal Constitucional respalda la decisión del Supremo de no perdonar a Puigdemont por malversación de fondos públicos. Dice que la interpretación del Supremo es correcta y coherente con las leyes.
En 2017, Carles Puigdemont (expresidente de Cataluña) y otros políticos independentistas fueron acusados de robar dinero público durante la intentona de independencia. Años después, el Gobierno aprobó una ley de amnistía para perdonar estos delitos. Pero el Supremo (el tribunal más alto de justicia ordinaria) decidió que esa ley no se aplicaba a Puigdemont porque consideraba que había enriquecimiento personal. Ahora un juez del TC (Tribunal Constitucional, que controla si las leyes son justas y constitucionales) defiende que el Supremo hizo bien al negarse a amnistiarlo.
En la práctica, esto significa que Puigdemont seguirá bajo acusación por malversación mientras que otros políticos del proceso secesionista podrían quedar amnistiados. El TC deberá resolver finalmente si ratifica esta postura. Mientras tanto, Puigdemont no podrá ocupar cargo público en España ni resolver su situación legal.