
El presidente del Tribunal Constitucional ha redactado una sentencia que ordena directamente al Tribunal Supremo que amnistíe los delitos de malversación de los líderes independentistas. La orden es clara: hacerlo rápido y sin demoras. Es un pulso entre dos de los tribunales más importantes de España sobre quién manda en esto.
El Tribunal Constitucional es el órgano que decide si las leyes cumplen la Constitución. El Tribunal Supremo es el tribunal más alto para los juicios ordinarios. En 2017 hubo un independentista catalán, y algunos políticos fueron condenados por malversación (gastar dinero público sin permiso) y rebelión. El nuevo gobierno aprobó una ley de amnistía para perdonar esos delitos, pero el Supremo se niega a aplicarla. Ahora el Constitucional interviene para obligarle a hacerlo. El tema es quién tiene la última palabra cuando estos dos tribunales no se ponen de acuerdo.
Esta pelea entre tribunales afecta a la vida real: mientras discuten, los políticos condenados siguen en una incertidumbre legal total, sus casos no avanzan, y la sociedad ve que las instituciones no funcionan. Lo importante es que alguien decida esto de una vez: o se aplica la amnistía o no. Lo que no puede seguir pasando es que los tribunales se cuestionen unos a otros eternamente mientras hay personas en el limbo legal.