
El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a los principales condenados por el intento de independencia de Cataluña de 2017. Políticos como Oriol Junqueras llevan años condenados, pero una ley aprobada hace dos años da por extinguida su responsabilidad penal. El único que falta es Carles Puigdemont, que tardará unos días más.
En 2017, el gobierno regional de Cataluña intentó separarse de España mediante un referéndum que la justicia consideró ilegal. Los líderes de ese movimiento, conocido como el 'procés' (el proceso, en catalán), fueron juzgados y condenados a cárcel. Años después, las Cortes aprobaron, a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez (del Partido Socialista), una ley de amnistía, es decir, una ley que extingue la responsabilidad penal por esos delitos. El Tribunal Supremo (el juez más alto de España en casos penales) no quería aplicarla, pero el Tribunal Constitucional (TC, el órgano que decide si las leyes respetan la Constitución) le ha obligado a hacerlo. Al final del mandato político, la amnistía ya es una realidad para casi todos los condenados.
Para la gente corriente, esto significa que personas que llevaban años con condenas penales recuperan su situación legal normal: su responsabilidad penal queda extinguida y pueden volver a ocupar cargos públicos. El debate político sobre si esto es justo o no continuará, pero en términos legales el capítulo se cierra para casi todos, salvo Puigdemont, que resolverá su situación en los próximos días.