Cuánto suben las pensiones en 2027

La regla está en el artículo 58.2 de la Ley General de la Seguridad Social: las pensiones contributivas, que son las que se cobran por haber cotizado, se revalorizan al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior.

En la práctica, para 2027 se suman las tasas anuales del IPC de diciembre de 2025 a noviembre de 2026 y se dividen entre 12. El resultado se redondea a un decimal: así lo hizo el Real Decreto-ley 3/2026 con la subida de 2026, que fue del 2,7 %.

Si la media saliera negativa, las pensiones no bajarían: se quedarían como estaban (artículo 58.3). Con el mismo porcentaje sube también el complemento de brecha de género, que en 2026 es de 36,90 euros al mes.

Ya se conocen diez de los doce meses. Según el INE, la inflación anual fue del 2,9 % en diciembre de 2025 y, en 2026, del 2,3 % en enero y febrero, del 3,4 % en marzo, del 3,2 % en abril, mayo y junio, del 3,6 % en julio, del 4,3 % en agosto y del 4,9 % en septiembre, la más alta desde febrero de 2023.

La media de esos diez meses es del 3,33 %. Faltan octubre y noviembre, y como la inflación está ahora por encima de la media, la subida final saldrá algo más alta:

• Si octubre y noviembre se quedan en el 4,9 %, la subida sería del 3,6 %.
• Si bajan al 4,5 % y al 4,2 %, sería del 3,5 %.
• Si bajan los dos al 4 %, sería del 3,4 %.

Por eso Funcas y el Instituto BBVA de Pensiones sitúan la subida en torno al 3,5 %. Es una previsión, no la cifra oficial.

La subida se aplica sobre lo que se cobra a 31 de diciembre. Con una subida del 3,5 %, y contando las 14 pagas:

• Una pensión de 700 euros al mes sube 24,50 euros al mes (343 euros al año).
• Una de 1.000 euros sube 35 euros al mes (490 euros al año).
• Una de 1.500 euros sube 52,50 euros al mes (735 euros al año).
• Una de 2.000 euros sube 70 euros al mes (980 euros al año).

Son cantidades brutas: lo que llega a la cuenta depende también de la retención del IRPF. Si la subida final es del 3,4 % o del 3,6 %, cada 1.000 euros de pensión suben un euro menos o un euro más al mes.

La reforma de 2023 añadió a la ley un plan para que las pensiones más bajas alcancen el umbral de la pobreza (disposición adicional 53.ª de la Ley General de la Seguridad Social). 2027 es el último escalón: la pensión mínima de jubilación de un mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada, no podrá ser inferior al umbral de la pobreza de un hogar de dos adultos.

A esa misma cantidad se igualan la mínima de viudedad con cargas familiares y el resto de pensiones mínimas con cónyuge a cargo, salvo la de incapacidad permanente total de menores de 60 años. Las demás mínimas reciben, además de la subida general, la mitad del aumento extra que recibe la de referencia, y las no contributivas, que cobra quien no ha cotizado lo suficiente, siguen el mismo método con otra referencia: el 75 % del umbral de la pobreza de una persona que vive sola.

En 2026, la mínima de jubilación con cónyuge a cargo es de 1.256,60 euros al mes, la mínima sin cónyuge, de 936,20 euros, y la no contributiva, de 628,80 euros, en 14 pagas. Para 2027 aún no hay cifras oficiales. Aplicando la fórmula a los últimos datos, el diario Demócrata calcula unos 1.434 euros al mes para la mínima con cónyuge a cargo, unos 1.019 para la mínima sin cónyuge (si la subida general es del 3,5 %) y unos 717 para la no contributiva.

La pensión máxima de las que empiezan a cobrarse en 2026 es de 3.359,60 euros al mes en 14 pagas (artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2026). Desde 2025, ese tope sube cada año lo mismo que las pensiones y 0,115 puntos más (disposición transitoria 39.ª de la Ley General de la Seguridad Social).

Con una subida general del 3,5 %, la máxima de 2027 rondaría los 3.481 euros al mes. Quien ya cobra la máxima de años anteriores recibe la subida general, no la extra.

La ley fija la fórmula, pero cada año hace falta una norma que ponga las cifras: los Presupuestos o, si no los hay, un decreto-ley. Tras las elecciones del 29 de noviembre el Gobierno quedará en funciones, y un Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de Presupuestos y solo puede tomar medidas fuera del despacho ordinario en casos de urgencia o por razones de interés general que se acrediten (artículo 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno).

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, dijo el 15 de octubre en TVE que la subida es una medida de urgente necesidad e interés general, que lo previsto es que el decreto-ley vaya al Consejo de Ministros dos días después de las elecciones y que los servicios jurídicos tendrán que confirmar que se puede hacer así.

Hay un precedente que fue al revés. En diciembre de 2019, con el Gobierno también en funciones, el Real Decreto-ley 18/2019 dejó las pensiones provisionalmente como estaban y aplazó la subida hasta que hubiera nuevo Gobierno. Llegó con el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero: un 0,9 % con efectos desde el 1 de enero.

Si el decreto va al Consejo de Ministros a primeros de diciembre, se basará en el dato adelantado del IPC de noviembre, que el INE publica el 27 de noviembre. Después, el Congreso tiene 30 días desde su publicación para convalidarlo (artículo 86 de la Constitución). Mientras las Cámaras estén disueltas, esa votación le corresponde a la Diputación Permanente (artículo 78); las nuevas Cortes se constituyen el 23 de diciembre. En enero de 2026 el Congreso tumbó el decreto que unía la subida a otras medidas, y el Gobierno aprobó otro centrado en las pensiones, convalidado el 26 de febrero.

Desde la izquierda, el PSOE defiende mantener la subida anual con el IPC y su programa de 2023 proponía garantizarla en la Constitución. Pedro Sánchez ha prometido aprobar la subida de 2027 aunque esté en funciones y sostiene que «el sistema público de pensiones es solvente». Sumar votó a favor del decreto de febrero y defendió en el Congreso que el Gobierno de coalición recuperó la subida con el IPC.

Desde la derecha, el PP defiende que las pensiones suban con el IPC de forma automática y registró en noviembre de 2025 una propuesta de ley para ello; Alberto Núñez Feijóo acusó al Gobierno de utilizar a los pensionistas al unir la subida a otras medidas en el decreto rechazado en enero. Vox fue el único grupo que votó contra el decreto de pensiones el 26 de febrero de 2026: sostiene que el sistema está «al borde del colapso» y que el debate debe centrarse en cómo pagarlo en el futuro.

Lo que propone cada partido sobre pensiones está en nuestra guía de propuestas para el 29-N.