Zapatero cobró 200.000 euros por influir en Bolivia a favor de una empresa
La Policía española investigó un viaje que el expresidente Zapatero hizo a Bolivia en 2024, donde habría recibido 200.000 euros de una empresa peruana por sus gestiones ante el Gobierno boliviano. Zapatero viajó acompañado por el secretario de la OMT (organismo que gestiona el turismo mundial), y durante la visita la OMT declaró a Sucre como "destino turístico", lo que fue celebrado por autoridades locales. Según los investigadores, el dinero supuestamente procedía de un conglomerado empresarial peruano llamado Grupo Gloria, que pleiteaba con la Administración boliviana.
José Luis Rodríguez Zapatero es un expresidente socialista de España que dejó el cargo en 2011. Tras abandonar la política, ha mantenido contacto e influencia en países latinoamericanos con gobiernos de izquierda, con un papel controvertido en mediaciones políticas. Una empresa cementera privada llamada Soboce, controlada por el Grupo Gloria peruano, fue condenada a pagar 107 millones de dólares (unos 95 millones de euros) a otra empresa pública boliviana llamada Fancesa por competencia desleal. En septiembre de 2024, Zapatero viajó a Bolivia supuestamente para influir a favor de Grupo Gloria ante altas esferas políticas, incluido el presidente Luis Arce y varios ministros, a cambio de 200.000 euros pagados mediante una empresa peruana pantalla. El viaje incluyó a Zurab Pololikashvili, un georgiano que era secretario general de la OMT (Organización Mundial del Turismo, que forma parte de la ONU y gestiona cuestiones turísticas internacionales). El juez español formalizó en mayo de 2026 imputaciones contra Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.
Las revelaciones han generado repercusiones políticas tanto en España como en Bolivia, con legisladores bolivianos planteando la necesidad de investigar si existieron contactos de exautoridades nacionales vinculadas al caso. En la práctica, esto significa que si se confirma que un expresidente español pagado por una empresa usó su influencia para cambiar decisiones judiciales en otro país, sería un caso grave de corrupción internacional. Para los ciudadanos ordinarios, esto plantea preguntas sobre quién vigila a los expresidentes y cómo usan sus contactos tras dejar el poder. El caso aún está en investigación y no hay sentencia definitiva.