
Las empresas de energías renovables en Valencia denuncian que la administración tarda años en devolver el dinero que piden como garantía para proyectos que no salen adelante. Esto provoca que muchas pequeñas empresas cierren o despidan empleados, y que inviertan en otras regiones.
En Valencia, el Gobierno regional (la Generalitat) controla los permisos para instalar paneles solares y otras energías limpias. Las empresas deben dejar dinero como garantía (avales) para demostrar que hablan en serio. Pero cuando un proyecto falla por causas que no controla la empresa (como un problema ambiental), la ley dice que debe devolver ese dinero en tres meses. El problema: la Generalitat tarda entre cuatro y cinco años. Mientras tanto, las pequeñas empresas siguen pagando comisiones anuales de hasta 70.000 euros por proyectos muertos, lo que las obliga a despedir gente o cerrar.
En la práctica, los ciudadanos valencianos verán menos inversión en paneles solares y molinos de viento en su región. Las empresas locales desaparecen o se van, el empleo técnico baja, y Valencia pierde oportunidades de negocio en energía limpia que irán a otras comunidades. Además, si la Generalitat sigue tardando años en decidir qué proyectos funcionan, la transición hacia energías menos contaminantes se retrasa, afectando a los objetivos medioambientales que Europa pide a España.