
El gobierno valenciano, formado por el PP y Vox, ha aprobado un nuevo reglamento para su agencia anticorrupción que reduce su colaboración con fiscales y jueces y elimina el órgano donde participaba la ciudadanía. Los partidos de la oposición dicen que esto hace más difícil investigar la corrupción.
En Valencia hay una agencia pública llamada Agencia Valenciana Antifraude (AVF) cuya misión es investigar el fraude y la corrupción. Esta agencia tiene sus propias reglas de funcionamiento escritas en un documento llamado reglamento. El gobierno regional de Valencia lo forman el PP (Partido Popular, de centro-derecha) y Vox (partido de derecha). Juntos han cambiado ese reglamento. La oposición, formada por el PSPV (socialistas) y Compromís (coalición de izquierda valenciana), critica que los cambios dejan a la agencia con menos herramientas para luchar contra la corrupción. Según los datos que recoge la noticia, la agencia pasó de cerrar 77 investigaciones en 2022 a solo 18 en 2025.
Esta agencia existe para investigar casos de corrupción que afectan al dinero público, es decir, al dinero de todos los valencianos. Si investiga menos casos y colabora menos con fiscales y jueces, los casos de fraude tienen más posibilidades de quedar sin resolver. Eso puede significar que el dinero público se siga usando mal sin que nadie rinda cuentas.