
Un alto cargo jurídico de la Unión Europea ha dicho que el impuesto especial que se cobró a las grandes empresas de energía en 2022 era legal y justo. Lo hizo porque esas empresas ganaron muchísimo dinero durante la crisis energética de ese año. Esto importa porque España y otros países quieren volver a aplicar algo parecido ahora.
En 2022 el precio de la energía (luz, gas, gasolina) subió muchísimo en toda Europa. Mientras la gente pagaba facturas altísimas, las empresas de petróleo, gas y refinerías ganaban beneficios enormes. La Unión Europea (el club de países europeos que comparten muchas normas) aprobó un impuesto especial y temporal solo para esas empresas: si ganaban mucho más de lo normal, tenían que pagar una parte extra al Estado. En España ese impuesto estuvo activo hasta 2024. Algunos tribunales de Italia, Bélgica e Irlanda dudaban de si ese impuesto era legal. Por eso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el juez supremo de las normas europeas) está estudiando el caso. Antes de que ese tribunal dé su sentencia final, un abogado general, que es un experto que asesora al tribunal y cuya opinión suele coincidir con el resultado final, ha dicho que el impuesto sí era legal. Esto llega justo ahora que España y Alemania piden crear un impuesto parecido otra vez, porque los precios del petróleo y el diésel han vuelto a subir.
Si España logra aplicar un nuevo impuesto a las energéticas, el dinero recaudado podría usarse para aliviar las facturas de luz y gas de los ciudadanos o para otras medidas públicas. Sin embargo, el proceso no es inmediato: primero hay que diseñar el impuesto y aprobarlo en el Parlamento. La sentencia final del tribunal europeo, que aún no se ha publicado, aclarará definitivamente si este tipo de medidas son legales en la UE.