
La Comisión Europea cede a las presiones de Italia y España y relaja las normas presupuestarias para permitir mayor gasto en energía por la crisis provocada por la guerra de Irán. Los países podrán gastar hasta un 0,3% de su PIB en ayudas energéticas sin que eso cuente como déficit. El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado el precio del petróleo por encima de los 100 euros el barril, con efectos directos en la inflación.
En febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán. Esto ha bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasa la mayor parte del petróleo y gas que llega a Europa. Los precios de la energía se han disparado. La Comisión Europea es la institución que manda en asuntos económicos en la UE (Unión Europea, que es el club de 27 países europeos). Desde hace años, la UE tiene una regla muy estricta: cada país no puede gastar mucho más de lo que ingresa. Si lo hace, recibe multas. Pero ahora, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió por carta a la Comisión permitir mayor flexibilidad presupuestaria para mitigar el impacto del encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Oriente Próximo. España también había solicitado esta flexibilidad presupuestaria, pidiendo que se aplicara al gasto destinado a iniciativas para mejorar la seguridad energética a largo plazo, como inversiones en infraestructuras o renovables. Después de resistirse, la Comisión de Ursula von der Leyen ha terminado cediendo a las presiones de Meloni y Sánchez.
La medida busca equilibrar la urgencia de reforzar la seguridad energética y acelerar la transición ecológica sin modificar el techo fiscal general, permitiendo a cada país gastar hasta un máximo anual del 0,3% del PIB en 2026, 2027 y 2028, con una restricción global de 0,6% del PIB acumulado. En la práctica, esto significa que una familia española o italiana pagará menos por el gas y la luz en el corto plazo, porque el gobierno puede ayudar a las empresas energéticas sin ser castigado. Pero lo importante es que la flexibilidad solo se aplica a medidas de apoyo enfocadas en la transición ecológica, como inversiones en energías renovables, pero no podrán beneficiarse iniciativas destinadas a combustibles fósiles. Esto empuja a invertir en verde mientras se alivia la crisis del momento.