Trump se enriquece 4 mil millones en dos años: criptomonedas y cuestionamientos
El patrimonio de Donald Trump pasó de 2.300 millones a 7.000 millones de dólares en dos años, principalmente porque gana dinero con criptomonedas y negocios relacionados que le producen más de 1.400 millones. Expertos advierten que existe un conflicto de intereses sin precedentes, ya que su familia continúa expandiendo negocios mientras ocupa la Casa Blanca, y Trump firmó leyes que benefician a las criptomonedas e indultó a un magnate del sector, lo que genera sospechas.
Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. En enero de 2025 empezó su segundo mandato. Una ley de 1978 obliga a los presidentes a declarar públicamente cuánto dinero tienen y cuánto ganan cada año. La Oficina de Ética Gubernamental (OGE) es el organismo de EEUU que revisa estas declaraciones. La semana pasada Trump presentó su declaración de 2025 y sorprendió a muchos: en solo un año ganó más de 2.200 millones de dólares, principalmente de negocios con criptomonedas (moneda digital, como bitcoin). Antes de ser presidente, Trump tenía 2.300 millones. Ahora tiene 7.000 millones. El dinero viene de empresas como World Liberty Financial, que fundó con sus hijos, y de una moneda llamada $TRUMP lanzada justo cuando empezó su mandato. El problema: Trump también hace leyes para favorecer las criptomonedas. Eso hace que sus negocios de cripto ganen más valor. Es decir, como presidente está tomando decisiones que lo enriquecen a él mismo.
Expertos señalan un conflicto de intereses sin precedentes, pero también es verdad que Trump cumple técnicamente con la ley de 1978. El real problema es que este acuerdo rechaza las protecciones contra conflictos que sus predecesores habían establecido por tradición. Para la gente normal, esto importa porque muestra cómo puede usarse el poder presidencial para enriquecerse: Trump firma leyes sobre criptomonedas que sus propias empresas necesitan, luego gana miles de millones. Eso crea desconfianza en las instituciones. También plantea una pregunta incómoda: ¿pueden confiar los ciudadanos en que sus líderes toman decisiones por el bien público y no por interés personal? La realidad es que no existe una barrera clara que lo impida.