
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado la decisión que tomó el Ayuntamiento de Barcelona en 2023 de cortar relaciones comerciales con empresas israelíes. El tribunal dice que el Ayuntamiento no tiene potestad legal para tomar decisiones de política internacional.
En noviembre de 2023, el Ayuntamiento de Barcelona (el gobierno de la ciudad) aprobó una declaración para dejar de trabajar con empresas israelíes, como protesta por la guerra en Gaza. Lo votaron tres grupos: PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña), Comunes (partido de izquierdas) y ERC (República Izquierda de Cataluña, nacionalista). Ahora, el TSJ (Tribunal Superior de Justicia, que es el máximo tribunal de Cataluña) ha dicho que los ayuntamientos no pueden hacer esto porque los asuntos internacionales son competencia del Gobierno de España, no de las ciudades.
A partir de ahora, Barcelona no puede aplicar este veto a empresas israelíes. En la práctica, esto significa que el Ayuntamiento vuelve a contratar o comprar a las empresas israelíes como antes. Los ayuntamientos españoles tienen menos poder del que muchos creían para tomar decisiones sobre relaciones comerciales internacionales. Las empresas afectadas recuperan acceso al mercado barcelonés.