
El Tribunal Supremo (el máximo juez de España) ha ordenado parar las inscripciones en el censo electoral de personas que se nacionalizaron por la llamada 'ley de nietos'. Esta ley permite que descendientes de españoles que emigraron puedan ser ciudadanos españoles. El problema: se inscribían sin probar que sus antepasados realmente huyeron de España por el exilio.
La 'ley de nietos' es una norma que permite que nietos de españoles que se fueron del país, especialmente durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, puedan solicitar la nacionalidad española. El Tribunal Supremo es el máximo órgano judicial español, como el jefe de todos los jueces. Desde que esta ley empezó a aplicarse, decenas de miles de personas en ciudades como Buenos Aires, Miami y Ciudad de México se nacionalizaron españoles. Pero un periódico investigó durante ocho meses y descubrió que muchas personas se inscribían en el censo electoral sin demostrar realmente que sus abuelos o bisabuelos habían huido de España. Esto es importante porque permite votar en elecciones españolas. El Supremo ha decidido frenar todo hasta que cada persona demuestre de verdad que tiene un vínculo real con el exilio de sus antepasados.
En la práctica, esto afecta directamente a decenas de miles de personas que ya se nacionalizaron españolas: ahora tendrán que demostrar con documentos que sus antepasados realmente fueron exiliados para mantener su derecho a votar en elecciones españolas. Los consulados tendrán más trabajo revisando cada solicitud. En el corto plazo, nuevas solicitudes de nacionalización quedarán en el aire hasta que se aclare todo. El cambio más importante es que desaparece el registro automático: de ahora en adelante habrá que probar con papeles que la conexión con el exilio es real.