
La Audiencia Provincial de Madrid estudia desde este lunes si debe mantener el juicio con jurado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Un juez anterior decidió enviarla a juicio por supuesta corrupción, pero ahora cinco magistrados revisan si esa decisión fue correcta. La Fiscalía ha pedido varias veces que se archive todo porque cree que no cometió delito.
Begoña Gómez es la esposa de Pedro Sánchez, quien es el presidente del Gobierno (el que manda en el país). Hace dos años, un juez comenzó a investigar su papel en una cátedra (un programa de enseñanza) en la Universidad Complutense de Madrid, si ayudó a un empresario llamado Juan Carlos Barrabés en contratos públicos, y si usaba fondos públicos para cosas que no debía. En junio, el juez Juan Carlos Peinado decidió enviarla a juicio con un jurado popular (nueve ciudadanos normales juzgarían el caso). Pero la Fiscalía (los abogados del Estado) siempre ha defendido que ni Begoña Gómez ni los otros investigados cometieron delito. La Audiencia de Madrid (un tribunal superior) en ocasiones ha rectificado decisiones de Peinado, incluso anuló una resolución anterior de este tipo. Por eso ahora cinco magistrados superiores revisan de nuevo si el juicio debería existir.
La decisión del 13 de julio es clave: si los magistrados revocan el auto de Peinado, el procedimiento penal se reconfiguraría sustancialmente, afectando a las medidas cautelares y al tipo de enjuiciamiento. Si el tribunal decide que sí debe haber juicio, Begoña Gómez continuará sin pasaporte, prohibida de salir de España y obligada a comparecer ante el juzgado dos veces al mes. Si decide que no, toda la causa se archiva. Para la ciudadanía normal, esto importa porque muestra cómo funciona la justicia española cuando se mezcla política y tribunales. Sea cual sea la decisión, afectará a cómo se entiende si los políticos están por encima o por debajo de la ley.