
El Tribunal Constitucional ha rechazado revisar una decisión que impedía votar a 163.000 personas con nacionalidad española reciente. Es la primera vez que este tribunal, presidido por un hombre cercano al Gobierno, va en contra de lo que pedía el Ejecutivo. Esas 163.000 personas no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre.
El Tribunal Constitucional es el órgano que decide si las leyes y decisiones del Estado respetan la Constitución. Lo preside Cándido Conde-Pumpido, un exfiscal general nombrado en su día por el Gobierno de Pedro Sánchez (presidente del Gobierno de España). Desde que Conde-Pumpido llegó al cargo en 2023, el tribunal ha respaldado casi siempre las leyes del Gobierno. La llamada 'ley de nietos' permitió a descendientes de españoles emigrados obtener la nacionalidad española. Unos 163.000 de esos nuevos ciudadanos querían votar en las próximas elecciones del 29 de noviembre. El Tribunal Supremo (el tribunal más alto para asuntos penales y civiles) les había suspendido ese derecho cautelarmente, es decir, de forma provisional mientras se estudia el asunto. El Defensor del Pueblo (un cargo independiente que defiende los derechos de los ciudadanos ante el Estado) pidió al Tribunal Constitucional que revisara esa decisión. El Tribunal Constitucional ha dicho que no entra a debatirlo, y lo ha hecho con diez votos a favor de doce posibles, algo muy inusual porque lo habitual era que los magistrados de ideología progresista votaran juntos a favor de los intereses del Gobierno.
El resultado concreto es que esas 163.000 personas con nacionalidad española obtenida por la 'ley de nietos' no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre. El debate sobre si su derecho al voto es válido seguirá abierto en los tribunales, pero ya no antes de esas elecciones.