
El Tribunal Supremo ha prohibido votar a más de 163.000 personas que se nacionalizaron españolas por la llamada ley de nietos, justo antes de las elecciones del 29 de noviembre. La decisión genera situaciones raras: hay gente que votó en 2023 y ahora no puede, y otros que viven en España pero se les niega el voto por dónde obtuvieron su nacionalidad.
La ley de nietos es una norma que permite a nietos de españoles que huyeron del país (especialmente durante la Guerra Civil y la dictadura) recuperar la nacionalidad española. El Tribunal Supremo es el órgano judicial más alto de España que toma decisiones finales sobre leyes y derechos. En octubre de 2026, el Supremo ordenó suspender el derecho a votar de todas las personas nacionalizadas por esta ley, aunque muchas ya habían votado en elecciones anteriores sin problemas. Esto sucede cuando faltan poco más de un mes para las elecciones generales, lo que genera confusión y situaciones contradictorias sobre quién puede votar y quién no.
En la práctica, 163.000 españoles se quedan sin derecho a votar en las próximas elecciones por primera vez, algunos tras haber votado en comicios anteriores. Esto genera caos administrativo: hay gente que vive en España y vota normalmente, pero se les niega el voto por cómo obtuvieron la nacionalidad. Los consulados no tienen recursos para expedir certificados que exige el Supremo. El impacto electoral es pequeño (los votos de estas personas no van a cambiar el resultado), pero el impacto en las instituciones es grave: la decisión cuestiona cómo funciona el censo, la igualdad ante la ley y el papel del poder judicial en política.