
El Tribunal Supremo ha decidido que las personas que se hicieron españolas por la llamada 'ley de nietos' no pueden votar en las elecciones del 29 de noviembre. La razón: sospechan que podría haber fraude electoral. Ahora hay caos porque nadie sabe cómo hacer efectiva esta orden tan rápido.
La 'ley de nietos' es una norma española que permite que descendientes de españoles exiliados —sobre todo republicanos que huyeron de Franco— puedan recuperar la nacionalidad española. Desde 2023, unos 163.000 personas se han nacionalizado por esta vía. El Tribunal Supremo (el juzgado más alto de España) ha decidido que estos nuevos ciudadanos no pueden votar en las próximas elecciones de noviembre porque teme que haya gente votando fraudulentamente. El problema: esto crea un caos administrativo enorme, porque revisar el censo de votantes con tanta prisa es casi imposible. Ya antes de conocerse estas elecciones, los consulados y la Oficina del Censo Electoral decían que hacerlo era 'materialmente imposible'.
En la práctica, esto afecta a 163.000 personas que de golpe no pueden votar, aunque legalmente son ciudadanos españoles. Las autoridades electorales están en un caos porque tienen menos de dos meses para revisar todos los censos de votantes en el extranjero. Algunos de estos afectados ya habían votado hace poco en otras elecciones, así que la situación es confusa. Lo que está claro es que se acerca una avalancha de recursos legales (demandas) que puede retrasar aún más todo el proceso.