
Un juez ha decidido que Meritxell Serret, que fue consellera (algo así como ministra regional) en Cataluña, no tiene que cumplir su condena por ayudar a organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017. Lo ha hecho porque existe una ley de amnistía que perdona esos hechos. Es la primera consellera que se beneficia de esta ley.
En 2017, Cataluña intentó celebrar un referéndum para independizarse de España. El gobierno español lo prohibió, pero el Govern (el gobierno de Cataluña) lo permitió igual. Meritxell Serret era consellera de Agricultura entonces, y ayudó a que el referéndum se hiciera. Los tribunales la condenaron a un año sin poder trabajar en el sector público y a pagar 12.000 euros. Hace poco, el Congreso (el parlamento nacional) aprobó una ley de amnistía: una ley que dice que los delitos relacionados con el referéndum quedan perdonados. El Tribunal Supremo (el juez más importante de España) acaba de decidir que Serret entra en esa ley y, por tanto, desaparece su condena.
Lo que sucede ahora es que el Tribunal Supremo acepta que la ley de amnistía borra la condena de Serret. Esto significa que no tiene que pagar la multa ni cumplir la inhabilitación. En la práctica, muchas otras personas condenadas por hechos del 2017 esperan decisiones similares. La consecuencia directa es que la amnistía empieza a aplicarse de verdad, no solo en el papel. Para la gente normal significa que el conflicto político de Cataluña sigue sin resolverse: unos ven justicia, otros ven impunidad.