
El Tribunal Supremo ha suspendido temporalmente el derecho a votar de más de medio millón de españoles que obtuvieron la nacionalidad en los últimos años por ser descendientes de exiliados de la Guerra Civil. El partido Vox pidió esta medida, argumentando que el Gobierno intentaba manipular las elecciones. El Supremo dice que hay que verificar caso por caso quién realmente fue exiliado.
En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE, el partido que ocupa el poder actualmente) aprobó una ley que permitía a hijos y nietos de españoles que huyeron durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975) recuperar la nacionalidad española. Desde entonces, unos 500.000 descendientes de exiliados se hicieron españoles. Vox (un partido de derechas muy conservador) y el PP (otro partido de derechas, la principal oposición) denunciaron ante los tribunales que esto era un "pucherazo" (fraude electoral): que Sánchez daba nacionalidad a gente que votaría a favor de su gobierno. El Tribunal Supremo (el juez más alto del país) acaba de darles la razón de momento y ha bloqueado que esos 500.000 voten hasta que termine el juicio.
De momento, más de 500.000 personas que se creían españolas no pueden votar en las próximas elecciones. El bloqueo durará hasta que el Supremo dicte sentencia final, lo que puede tardar meses. Esto afecta principalmente a gente viviendo en el extranjero (descendientes de republicanos que tuvieron que escapar). Para el sistema electoral español, cambia poco: esos votantes están inscritos en el censo de residentes en el extranjero (CERA) y su número es pequeño comparado con el total. Pero políticamente, la decisión aviva el conflicto entre el Gobierno y la oposición sobre quién manipula más.