
El Tribunal Supremo ha mantenido la decisión de impedir que vote gente que se hizo española recientemente por una ley especial para descendientes de españoles. El Gobierno quería que se permitiera votar, pero el tribunal cree que hay que revisar antes si todos están inscritos correctamente.
Hace unos años, el Gobierno aprobó una ley que facilitaba que los nietos y bisnietos de españoles emigrados se hicieran españoles sin vivir en España. Unos 163.000 personas se nacionalizaron así. Pero hace poco, el Tribunal Supremo (el tribunal más alto de lo normal en España, que resuelve pleitos entre ciudadanos y el Estado) descubrió que algunos de estos expedientes tenían irregularidades. Como faltaban solo días para las elecciones generales del 29 de noviembre, el Supremo decidió suspender el voto de todos estos nuevos españoles mientras se revisa si sus papeles están en orden. El Gobierno intentó que se permitiera votar de todas formas, pero el Supremo se negó. Ahora el Ejecutivo quiere que el Tribunal Constitucional (que es superior al Supremo y vela por que se respeten los derechos) le dé la razón.
Esto significa que casi 163.000 personas que se hicieron españolas por la ley de nietos no podrán votar el 29 de noviembre. El Gobierno intentará que el Tribunal Constitucional revoque esta decisión, pero el proceso es lento y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, los electores en el extranjero (que es donde vive la mayoría de estos nuevos españoles) se quedan sin poder participar en estas elecciones concretas.