
El Tribunal Supremo ha anulado la norma que el Gobierno aprobó hace un año para controlar la creación de universidades privadas de mala calidad. Los jueces dicen que el Gobierno tramitó la norma demasiado rápido sin justificación real, saltándose los trámites legales obligatorios.
Hace un año, el Gobierno (el ejecutivo que dirige el país) aprobó un decreto (una norma rápida, sin pasar por el Parlamento) para frenar lo que llaman 'chiringuitos universitarios': universidades privadas que abren sin cumplir estándares mínimos de calidad. Para aprobar esa norma rápidamente, el Gobierno usó un procedimiento de urgencia que permite prescindir de la consulta pública (el tiempo para que la gente y los interesados opinen antes). Baleares (una región gobernada por otro partido político) presentó un recurso ante el Tribunal Supremo (el juzgado más alto del país) argumentando que esa urgencia no estaba justificada. Ahora, el Supremo le ha dado la razón a Baleares y ha tumbado la norma, no porque le parezca mala, sino porque el Gobierno no procedió correctamente.
La anulación significa que el decreto no vale y vuelven a permitirse nuevas universidades privadas sin los controles que el Gobierno quería imponer. El Supremo no dice que la norma fuera mala, solo que no se tramitó correctamente. En la práctica, cualquier empresa puede ahora abrir una universidad privada con menos requisitos. El Gobierno puede intentar aprobar la misma norma de nuevo, pero esta vez siguiendo todos los procedimientos legales, aunque tarde más tiempo.