
El Senado ha aprobado que las empresas grandes que no contraten al menos un 2% de trabajadores con discapacidad reciban multas más fuertes. El PP quiere aplicar esta norma solo a empresas muy grandes y que reincidan; otros partidos piden más control y transparencia sobre si funciona realmente.
En España existe una ley que obliga a las empresas con más de 50 empleados a reservar el 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad. Si no lo hacen, reciben multas. El Senado es la cámara alta del Parlamento (la segunda en importancia), y acaba de decidir que estas multas sean más severas, pasando de considerarse una infracción 'grave' a 'muy grave'. El PP (Partido Popular, la derecha) tiene mayoría en el Senado y ha presentado cambios: quiere que las multas más duras solo afecten a empresas de 250 o más empleados que ya hayan sido castigadas antes y repitan la infracción. También pide que se publique información sobre si las empresas tienen dificultades reales para encontrar candidatos con discapacidad. El PSOE (Partido Socialista, centroizquierda) y Sumar (izquierda) quieren que se cumpla la norma sin debilitarla.
En la práctica, esto significa que si trabajas en una empresa grande, tienes más probabilidad de que haya personas con discapacidad en plantilla, porque ahora el castigo por no contratarlas es más severo. Sin embargo, el resultado dependerá de si realmente existen personas con formación adecuada disponibles. Lo importante es que se publiquen datos anuales para saber si el 2% de contratación se cumple o no, y si hay que mejorar la formación de personas con discapacidad para que puedan acceder a estos empleos.