
El presidente Sánchez ha pedido al Tribunal Supremo que autorice a unos 400.000 descendientes de exiliados del franquismo a votar en las elecciones del 29 de noviembre. El PP y Vox se oponen a esta ley. Sánchez dice que prohibir el voto es anticonstitucional.
Hace poco, el Gobierno aprobó una ley que permite que los descendientes de españoles que tuvieron que huir durante la dictadura franquista (1939-1975) puedan recuperar la nacionalidad española y votar. El Tribunal Supremo (el juez más importante de España) ha puesto una pausa temporal a esto mientras estudia si es legal. El PP (partido de derechas de Feijóo) y Vox (partido ultraderechista de Abascal) quieren que esta ley no se aplique. Sánchez, que es el presidente del Gobierno y lidera el PSOE (partido socialista), está en campaña para las elecciones del 29 de noviembre, y esta ley de los nietos es un tema que usa para atacar a la oposición.
Lo que está en juego es si unos 400.000 descendientes de exiliados pueden votar el 29 de noviembre o no. El Tribunal Supremo tiene que decidir si la ley que lo permite es válida. Mientras tanto, estos ciudadanos no saben si podrán votar en una semana. Voten quien voten, esto afectará ligeramente a los números de las elecciones, pero más importante es que toca un debate real: quién tiene derecho a votar en España y si se puede usar la justicia como arma política.