
Desde 2020, cuando el gobierno nacional creó el Ingreso Mínimo Vital (una ayuda para gente sin dinero), muchas comunidades autónomas han dejado de invertir en su propia renta mínima. Madrid ha reducido su gasto un 95%. El problema: ahora hay menos dinero total para las personas que necesitan ayuda.
En España, hay 8,5 millones de personas con riesgo de pobreza. Para ayudarles, existen dos sistemas: la Renta Mínima de Inserción (RMI), que corre a cargo de cada región de España, y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda estatal creada en 2020 por el gobierno central. Ambas son dinero público que se da a personas sin recursos. Teóricamente, deberían funcionar juntas: el IMV sería una base mínima, y la RMI regional la completaría. Pero lo que está pasando es lo contrario: desde que existe el IMV, 11 de las 17 regiones han reducido o cortado casi por completo su inversión en RMI. Madrid es el ejemplo más brutal: gastaba 155 millones en RMI en 2019 y ahora gasta solo 6,8 millones. Es como si dijera: "Ya que el Estado da algo, nosotros dejamos de dar". El resultado: menos dinero total para los pobres.
En la práctica, una persona pobre en Madrid ahora recibe menos dinero total que hace cinco años, porque la región gastó menos mientras el Estado no subió lo suficiente. En otras regiones como el País Vasco o Navarra, que mantuvieron su RMI, la gente vulnerable tiene más recursos. El efecto es una España desigual: tu acceso a ayuda depende de dónde vivas. Los datos muestran que es posible tener el IMV y una RMI fuerte a la vez sin que una cancele la otra; algunos territorios lo demuestran. Pero mientras el IMV se quede en 733 euros al mes, reducir la RMI significa menos protección para gente que ya no tiene nada.