
Un grupo de personas investigadas (entre ellos un exdirectivo del Gobierno) presuntamente manipuló para que una empresa vasca llamada Tubos Reunidos recibiera 112 millones de euros públicos. Para lograrlo, pidieron que el PNV (partido nacionalista vasco) presionara al Gobierno. La red cobró más de 250.000 euros por gestionar el rescate. Ahora está claro que también el PNV está en el centro del caso.
La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) es un banco público que rescata empresas grandes en problemas. En 2021, Tubos Reunidos (una fábrica de tuberías vasca) estaba quebrada y pidió ayuda. Investigadores de la Guardia Civil creen que una red de personas presuntamente corrupta —liderada por Vicente Fernández (expresidente de la SEPI), Leire Díez (exmilitante del PSOE), y el empresario Antxon Alonso— logró manipular el proceso para que la empresa recibiera el dinero. A cambio, cobraron comisiones. Lo importante ahora es que la Guardia Civil ha sacado a la luz que el PNV (el partido nacionalista vasco que es socio de Gobierno) también habría participado en gestiones para presionar. Esto complica mucho la situación política porque el PNV es clave para que el Gobierno de Sánchez sobreviva en el Parlamento.
Lo que afecta a la gente de verdad es que si la red es culpable, 112 millones de dinero público se fueron hacia gestiones ilegales. Eso significa que otros en paro, pequeños empresarios sin ayudas, o trabajadores precarios no tuvieron acceso a esos recursos. Además, si el PNV participó, la estabilidad política ahora es frágil porque el Gobierno necesita sus votos para aprobar leyes. El caso sigue en tribunales y hay que esperar a los jueces, pero la incertidumbre política es real.