
Una anotación en la agenda de Leire Díez apunta que en 2020 ella anoró que Cristina Narbona debía hacer una "gestión" sobre Silvina Bacigalupo. Bacigalupo es candidata para un puesto en el Tribunal Supremo y especialista en Derecho Penal económico. La cuestión: una anotación vaga que aparece en documentos de alguien investigada por manejar dinero del PSOE.
Estamos en el caso más grande del PSOE en años. Se investiga una presunta trama de obtención de información reservada, tráfico de influencias y actuaciones para influir en procedimientos judicales relacionados con el PSOE y el Gobierno. La investigación está dirigida por el juez Santiago Pedraz y se basa en informes de la UCO (Unidad Central Operativa, que es la policía científica que investiga delitos graves). El protagonista es Leire Díez, una militante socialista a quien llaman "fontanera" del PSOE por sus trabajos como intermediaria política. La UCO sitúa al exsecretario de Organización Santos Cerdán como líder de la trama, con Leire Díez como coordinadora ejecutiva, y dice que el dinero provenía del PSOE. Ahora aparece esta anotación sobre Silvina Bacigalupo, cuñada de Teresa Ribera (exvicepresidenta del Gobierno) y asesora de Sánchez, candidata para el Tribunal Supremo. El proceso de nombramiento todavía está pendiente.
Lo cierto es que una anotación ambigua de hace seis años no prueba un plan deliberado para colocar a alguien en el Tribunal Supremo. Pero tampoco es anodino: aparece en documentos de una investigación seria sobre operaciones encubiertas. La vida política española se envenena cuando cualquier nombra judicial se interpreta automáticamente como corrupción. Si Bacigalupo es nombrada o rechazada, habrá sospechas. Los vocales conservadores del CGPJ consideran que su presencia daría la sensación de que el tribunal está politizado. Eso es el verdadero problema: que ni izquierda ni derecha se fían de los jueces, y que los jueces tampoco se fían de los políticos. La democracia necesita instituciones independientes.