
El juez investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, por lo que pasó con la aerolínea Plus Ultra. La prueba clave son mensajes del móvil de un empresario venezolano que EEUU tardó cinco años en enviar a España. Ahora el juez pide permiso a EEUU para poder usar esos mensajes en el juicio, porque Zapatero podría argumentar que son ilegales.
Por primera vez en la democracia española, un expresidente del Gobierno ha sido imputado por delitos de corrupción. Zapatero está bajo investigación porque aparentemente ayudó a conseguir un rescate de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra, que era de un empresario venezolano llamado Rodolfo Reyes. La agencia norteamericana de investigaciones (HSI, que es una división del Departamento de Seguridad Interna) incautó el móvil de Reyes en 2021 y considera que sus mensajes tienen valor para la investigación española. El problema es que EEUU tardó cinco años en compartir esa información, y ahora hay dudas sobre si se obtuvo legalmente. El tema genera debate porque algunos piensan que EEUU está intentando debilitar al Gobierno de España, mientras que otros creen que simplemente hay que investigar la corrupción dondequiera que esté.
Zapatero está citado a declarar como investigado los días 17 y 18 de junio. Para la gente normal, lo que importa es que si hubo corrupción en un rescate de dinero público, debe investigarse y castigarse, pero respetando las leyes. El verdadero problema es que el juez necesita garantizar que las pruebas son válidas legalmente, no solo que parezcan incriminatorias. Si el procedimiento no es limpio, aunque Zapatero sea culpable, el caso se puede desmoronar en los tribunales. Esto afecta a todos los ciudadanos porque muestra que incluso a los expresidentes se les juzga, pero también que la justicia debe funcionar sin presiones políticas externas.