
El Tribunal Constitucional estudia el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto de más de 160.000 españoles que viven en el extranjero y obtuvieron la nacionalidad por la llamada «ley de nietos». El Tribunal Supremo les suspendió el voto de forma cautelar, es decir, provisional, mientras decide el fondo del asunto. El Defensor sostiene que «el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble».
La Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida como «ley de nietos», permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados. Vox y el partido Iustitia Europa recurrieron ante el Tribunal Supremo, que en septiembre suspendió de forma cautelar el voto de las personas nacionalizadas por esa vía que están en el censo de residentes en el extranjero, salvo que tengan un certificado del consulado que acredite el exilio. El 12 de octubre confirmó que la suspensión vale para las elecciones del 29 de noviembre. Según el Defensor, los recurrentes no discuten que los afectados sean españoles: cuestionan una instrucción del Ministerio de Justicia que explicaba cómo aplicar la ley. El Defensor del Pueblo recurrió en amparo ante el Constitucional el 16 de octubre y califica la suspensión de «harto problemática». Según El País, muchos de los afectados ya votaron en 2023.
La decisión está ahora en el Constitucional, que primero tiene que decidir si admite el recurso. Si lo admite y adopta medidas urgentes, los afectados podrían votar el 29 de noviembre; si no, seguirán sin poder hacerlo salvo que consigan el certificado del consulado. La decisión de fondo del Supremo, que dirá si estas inscripciones son válidas, no tiene fecha.