
La CEOE (la asociación que representa a los empresarios grandes) ha decidido pausar sus reuniones con el Gobierno durante dos semanas. El motivo: una nueva ley les obliga a registrarse como lobistas y revelar información que consideran privada. Es un pulso entre empresarios y Gobierno por quién tiene más poder en las decisiones económicas.
La CEOE es la organización que agrupa a los empresarios más importantes de España. El Gobierno acaba de crear una ley que obliga a todos los grupos que quieren influir en las decisiones políticas (lobistas) a registrarse públicamente y contar a quién visitan, qué piden, y cómo trabajan. Esto es normal en otros países. Pero la CEOE dice que ella no es un lobby cualquiera: que por ley tiene derecho a ser escuchada directamente por el Gobierno sin pasar por este registro. El desacuerdo es tan grande que han decidido no hablar con el Gobierno durante dos semanas para presionar.
En la práctica, este enfrentamiento afecta a las decisiones sobre empleo, inversión y políticas económicas en general. Si el Gobierno y los empresarios no se hablan, las negociaciones sobre salarios, impuestos, regulaciones y creación de empleo se ralentizan. Los que lo notan son los trabajadores y ciudadanos normales, porque las decisiones se toman más lentamente o con menos información de ambas partes.