
El Gobierno ofrecía papeles a inmigrantes sin documentos que llevan meses en España. Esperaban 500.000 solicitudes pero llegaron más de 1,2 millones. Ahora un tribunal pregunta si esto viola las reglas europeas.
El Gobierno (la administración central que dirige Pedro Sánchez, del Partido Socialista) abrió un plazo en abril para que inmigrantes en situación irregular —sin papeles ni permisos legales— pudieran solicitar regularización hasta el 30 de junio. Esto significa obtener documentos que les permitan vivir y trabajar legalmente en España. La medida fue apoyada por sindicatos, patronales y la Iglesia, pero criticada duramente por el PP (derecha) y Vox (extrema derecha). El Tribunal Supremo (el máximo tribunal de justicia en España) ha planteado dudas sobre si esto respeta las leyes europeas de migración. Gobiernos anteriores de ambos colores políticos habían hecho regularizaciones así en 1986, 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005. Pero nunca se había cuestionado tanto legalmente.
Mientras el debate sigue en los tribunales, más de un millón de personas están en espera. El Gobierno confía en procesar todas las solicitudes antes de que haya resoluciones judiciales. Si el Supremo la bloquea, esas personas seguirían sin papeles. Si la permite, accederán a trabajo formal, impuestos y derechos. El resultado práctico es: si ganan los tribunales, medio millón más de personas en la economía legal de España; si pierden, la situación vuelve a donde estaba.