
El Gobierno de Madrid (dirigido por Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular) ha dado a empresas privadas el derecho a explotar más de 500 viviendas de alquiler barato durante 75 años. Las compañías ganarán más de 350 millones con los alquileres, pero no tendrán que pagar nada a la región por usar esas viviendas.
En Madrid gobierna Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (partido de centro-derecha). El Gobierno regional quiere que las viviendas de alquiler asequible se construyan, pero no quiere gastar dinero público en ello. Por eso las da a empresas privadas: ellas pagan la construcción (unos 100 millones), y a cambio cobran los alquileres de los inquilinos durante tres cuartos de siglo. Es decir: en el año 2101 aproximadamente, esas casas vuelven a ser públicas, pero hasta entonces una empresa privada se embolsa todo lo que pagan los inquilinos. Las viviendas son para gente con dinero medio-bajo, que no puede pagar alquileres normales en Madrid.
Lo que pasa es que Madrid tendrá 500 viviendas nuevas de alquiler barato para gente con pocos ingresos. Eso es positivo: hay menos gente sin casa. Pero el coste real es que una empresa privada se quedará 75 años cobrando esos alquileres sin compartir ganancias con la región. Los inquilinos pagarán un precio justo (es el requisito), pero la pregunta que nadie puede evadir es: ¿a quién le beneficia más este acuerdo, a la gente o a la empresa?