
Una jueza de Madrid ha parado el desalojo de una familia muy pobre con cinco niños que vivía en un piso público sin permiso. La jueza dice que echarles a la calle para dejar el piso vacío y cerrado no tiene sentido ni justificación legal.
En España hay pisos que son del Estado o de los gobiernos regionales. Se llaman viviendas públicas o sociales y se dan a familias con pocos recursos que lo piden por los cauces oficiales. A veces, familias sin techo se meten en esos pisos sin permiso: eso se llama ocupación. Hasta ahora, cuando eso pasaba con un piso público, las autoridades podían pedir directamente que les echaran. La Agencia de Vivienda Social (AVS), que es el organismo del gobierno de la Comunidad de Madrid que gestiona estos pisos, intentó hacer exactamente eso con una familia de siete personas en Leganés, un municipio cerca de Madrid. Una jueza, es decir, una persona que aplica las leyes de forma independiente, ha dicho que no se puede echar a esta familia porque nadie ha demostrado que el piso vaya a dársele a otra familia enseguida. Además, según un reportaje publicado esta misma semana, algunos pisos públicos de Madrid llevan años vacíos y cerrados después de desalojar a otras familias.
Esta sentencia no es definitiva: la Comunidad de Madrid puede recurrirla en 15 días. Si finalmente se confirma, los jueces podrían empezar a analizar cada caso de desahucio de vivienda pública por separado, mirando si realmente hay otra familia esperando ese piso. Para quienes viven en pisos públicos sin contrato, o para los que están en listas de espera, el resultado de ese posible recurso puede cambiar mucho las cosas.