Un juez podría acusar a dos empleadas del PSOE por gestiones de viajes
Un juez investiga si dos trabajadoras administrativas del PSOE ayudaron en una operación para interferir en causas judicales. Ellas compraban billetes de tren y avión por orden de un dirigente. Ahora el juez sopesa acusarlas formalmente, aunque sus abogados dicen que violar sus teléfonos fue ilegal.
El PSOE es el partido socialista español, que gobierna actualmente. Un juez (Santiago Pedraz) investiga si el partido financió una operación secreta para sabotear casos judicales que perjudicaban al Gobierno o a Pedro Sánchez, el presidente. Una persona llamada Leire Díez está acusada de ser la intermediaria de esto. La Guardia Civil (UCO, una unidad policial) encontró mensajes en los móviles de dos empleadas administrativas del PSOE que compraban viajes. Ahora el juez piensa acusarlas formalmente de participar en una organización criminal. Las empleadas dicen que los policías violaron su derecho a la privacidad al revisar sus teléfonos sin permiso judicial claro.
Lo que ocurra con estas dos empleadas dependerá de si el juez cree que sus derechos fueron violados al revisar sus teléfonos. Si decide que sí, las acusaciones podrían caerse. Si decide que no, podría acusarlas de delito. De cualquier forma, el caso muestra cómo la justicia y la política siguen entrelazadas en España, y cómo las garantías procesales básicas pueden quedar en segundo plano en casos de alto nivel político.