
Un juez ha decidido juzgar a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de corrupción y malversación de fondos públicos. Le ha retirado el pasaporte y le obliga a ir al juzgado cada 15 días. La decisión es muy polémica: el Gobierno dice que es persecución política, mientras que otros creen que hay indicios reales de irregularidades.
Begoña Gómez es la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (el máximo cargo ejecutivo en España). En 2024, una organización de derechas llamada Manos Limpias la denunció por presuntos irregularidades en una cátedra (curso de universidad) que ella dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado ha llevado el caso durante más de dos años. Ahora decide llevarla a juicio. El problema es que hay mucha tensión: el Gobierno cree que el juez busca hundir al presidente usando la justicia, mientras que otros ven indicios de que Gómez usó su cercanía a Sánchez para conseguir contratos públicos. La investigación también afecta a Cristina Álvarez (asesora de Gómez en Moncloa, la sede del Gobierno) y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Este caso divide a España. Para muchos, es un ejemplo de que nadie está por encima de la ley. Para otros, es un abuso del poder judicial contra el Gobierno. Lo cierto es que ahora Begoña Gómez irá a un juicio ante un jurado popular. Su vida cotidiana cambia: no puede viajar al extranjero, debe presentarse regularmente en el juzgado. Esto afecta también a su familia. El Gobierno está en tensión constante. Lo que pase en el juicio dirá si había realmente delito o si esto era persecución política. De momento, la justicia española queda tocada: o ha permitido que una juez persiga sin pruebas, o ha tardado años en actuar contra gente poderosa.