
El Consejo General del Poder Judicial (el órgano que controla a los jueces) decidió abrir un expediente disciplinario contra el juez Peinado por unas afirmaciones que hizo en un juicio. Los jueces y juristas están divididos: unos dicen que el Consejo se entromete y pone en peligro la independencia de los jueces; otros creen que el juez se pasó y necesitaba corrección.
El juez Juan Carlos Peinado es el magistrado que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno (Pedro Sánchez). En un auto judicial reciente, Peinado escribió algo muy polémico: que los policías de seguridad de presidencia podrían ayudar a Gómez a fugarse. Esto causó revuelo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano que dirige y controla a los jueces en España. Algunos de sus miembros votaron a favor de investigar disciplinariamente a Peinado por esas afirmaciones; otros votaron en contra. Ahora, diferentes asociaciones de jueces cuestionan si el CGPJ actuó correctamente, porque temen que esté interfiriendo en la independencia que los jueces necesitan para trabajar sin presiones.
Lo que está en juego aquí afecta directamente a cómo funciona la justicia para todos. Si el Consejo de Jueces puede sancionar a los magistrados por lo que escriben en sentencias, algunos temen que los jueces se acobarden y dejen de decir lo que piensan por miedo. Si nadie puede corregir a un juez que se comporta de forma extraña, otros temen que la justicia pierda credibilidad. La solución probablemente pasa por dejar claro cuáles son los límites: qué tipo de afirmaciones de un juez requieren corrección, y por quién deben ser corregidas.