El hermano de Pedro Sánchez se enfrenta a 6 años de cárcel en el último giro del juicio
David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, enfrenta un juicio en Badajoz por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. El PP, Vox y otras organizaciones han duplicado de repente la petición inicial de prisión: pasaron de pedir 3 años a pedir 6 años por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. David Sánchez reconoció mantener una estrecha relación personal con Luis Carrero antes de que este fuera contratado por la Diputación.
Esto es el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno (el partido socialista que ganó las elecciones). En 2017, cuando su hermano todavía no era presidente, David fue contratado por la Diputación de Badajoz (es como el consejo provincial que controla los servicios públicos de una región). Un grupo llamado Manos Limpias presentó una denuncia y la jueza abrió una investigación por posibles delitos de prevaricación (que los funcionarios hagan favores ilegales) y tráfico de influencias (usar contactos para conseguir cosas indebidamente). David Sánchez accedió al puesto de coordinador de actividades musicales mediante un contrato de alta dirección. Ahora el juicio está en marcha y los acusadores de la derecha (PP, Vox) acaban de aumentar por sorpresa la pena que piden: La acusación sostiene que se creó una plaza pública a medida para David Sánchez, basada en su relación familiar con el entonces secretario general del PSOE.
El juicio ha puesto bajo la lupa las circunstancias de la contratación de David Sánchez y su amigo Luis Carrero en la institución provincial. Para la gente común, lo importante es que los tribunales funcionen correctamente y que nadie sea protegido por ser amigo del poder, sea de izquierdas o derechas. El aumento sorpresa de la petición de pena genera dudas sobre si el juicio es justo o si está politizado. Esto no solo afecta a David Sánchez: si se permite que los políticos usen la justicia como arma contra sus enemigos, daña la confianza en las instituciones de todos. El tribunal tendrá que decidir si hay delito real o simplemente una contratación cuestionable pero legal.