
Un capitán de la Guardia Civil ha sido castigado por supuestamente filtrar información y ayudar a sabotear investigaciones judiciales contra el PSOE. El partido socialista habría pagado casi 45.000 euros a una mujer llamada Leire Díez para que coordinara estas maniobras de presión sobre los juzgados. Esto importa porque afecta a la confianza en las instituciones y en que se investigue realmente a los políticos.
El PSOE es el partido socialista que gobierna España con Pedro Sánchez como presidente. Desde hace un año, los jueces investigan si dirigentes socialistas montaron una operación para frenar o sabotear procesos judicales que afectaban al partido y al entorno del Gobierno. En el centro está Leire Díez, una exmilitante del PSOE a quien el partido pagó dinero como asesora. También aparece un exagente de la Guardia Civil (la UCO, que es la unidad que investiga delitos graves) que supuestamente ayudó a esta operación filtrando información y bloqueando investigaciones. Ahora ese agente ha sido sancionado disciplinariamente por la Guardia Civil.
En la práctica, esto significa que los españoles ven cómo investigadores y políticos se acusan mutuamente de corrupción y sabotaje. Si es cierto que alguien del PSOE pagó para interferir en juzgados, es delito grave. Si es falso, es una persecución injusta. De cualquier forma, la confianza de la gente en que la justicia sea imparcial se daña. Los ciudadanos no saben si un juez actúa por el caso o por política. Esto debilita el Estado de Derecho para todos.