El Gobierno y la SEPI se acusan mutuamente de meter mano en las empresas grandes
El director económico del Gobierno de Sánchez y la presidenta de la SEPI (la empresa estatal que controla otras empresas) comparecieron en el Parlamento para explicar si han interferido en decisiones de empresas importantes como Indra y Telefónica. Ambos se echaban la culpa el uno al otro. Importa porque si el Gobierno mete mano en empresas privadas, eso puede ser un problema para la democracia.
La SEPI es una sociedad estatal, es decir, una empresa del Estado español que posee acciones en otras empresas importantes del país como Indra (que fabrica equipos de defensa) y Telefónica (la compañía de telefonía). El Gobierno de Pedro Sánchez (el presidente) controla la SEPI. Lo que ha pasado es que en los últimos meses ha habido cambios raros en el liderazgo de Indra: cesaron al presidente Ángel Escribano, luego pusieron a otro. Los senadores y diputados (los que hacen las leyes) quieren saber si el Gobierno o la SEPI dieron órdenes para hacer esos cambios. Esto es importante porque las empresas supuestamente deberían funcionar solas, sin que el Gobierno les diga qué hacer.
Lo que está claro es que hubo cambios en Indra y que el Gobierno y la SEPI tuvieron algo que ver. Ahora hay dos versiones: unos dicen que fue interferencia política indebida, otros que fue supervisión necesaria. Lo que pasa en estas empresas afecta a trabajadores españoles que ganan su sueldo en ellas. También afecta a los contratos públicos que el Estado firma con ellas. Si hay favoritismo político, los contribuyentes pagan el precio.