
El Consejo de Ministros ha aprobado 260 millones de euros para Casa 47, la empresa pública de vivienda, para construir 1.629 viviendas asequibles en 11 comunidades autónomas. El alquiler se fija según lo que la gente puede pagar, no por construcción, sin superar el 30% de la renta media del territorio. Con esto, el Gobierno intenta frenar la crisis de acceso a vivienda que afecta a españoles.
España vive una crisis de vivienda sin precedentes. El precio medio del metro cuadrado se sitúa en 2.315,7 euros, un aumento del 13,8% respecto a hace un año. En Madrid, un apartamento de dos habitaciones cuesta más de 1.600 euros al mes, cifra prohibitiva para el 70% de los trabajadores jóvenes. El Gobierno es la administración que dirige Pedro Sánchez. Casa 47 es una empresa estatal creada hace poco para construir y gestionar vivienda pública. Isabel Rodríguez es la ministra de Vivienda, responsable de esta política. El problema es que hay muy poca oferta de casas baratas y mucha demanda. Los precios suben cada año porque hay más gente buscando casa que pisos disponibles. El Gobierno intenta resolver esto invirtiendo dinero público en construir viviendas que la gente pueda permitirse pagar.
Con estos proyectos, Casa 47 tendrá 68 proyectos activos que incluyen la construcción de 3.266 viviendas nuevas y la urbanización de solares con potencial para 22.000 viviendas más. Esto significa que en dos o tres años habrá alquileres de entre 400 y 700 euros en ciudades españolas, dependiendo de la zona. No resuelve la crisis completa (hace falta mucha más oferta pública y regulación del mercado privado), pero da aire a jóvenes y familias que hoy están atrapados. El efecto real dependerá de si se agiliza la construcción y se evita que especuladores compren estos pisos para revenderlos. También importa que el resto de administraciones (comunidades y ayuntamientos) hagan su parte.