
La vivienda es el principal problema de los españoles en 2026, con un 42,8% de ciudadanos preocupados. Las autoridades abren investigaciones contra seis grandes bancos por posible coordinación de precios en hipotecas. El Gobierno anuncia 12 medidas históricas para fortalecer el derecho a la vivienda y garantizar que no sea un negocio solo para ricos.
España atraviesa una crisis estructural de vivienda marcada por la escasez de oferta, el encarecimiento de precios y las dificultades de acceso. El precio de la vivienda se dispara un 15,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, el mayor ritmo desde la burbuja inmobiliaria de 2006. Esto significa que cada año todo está más caro y menos gente puede comprar. El Gobierno es el equipo político de Pedro Sánchez que dirige el país. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un organismo que vigila que no haya trampas en los mercados) ha abierto expedientes contra Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja. Los investiga porque creen que los directivos de estos bancos se dijeron entre ellos en público que subirían los precios de las hipotecas, lo que permitió a los competidores saber qué iban a hacer. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cuenta con 7.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda asequible.
El precio de la vivienda crece a una media anual del 12%, muy por encima del IPC. Para la gente normal, esto significa que alquilar o comprar se hace cada año más difícil. Los jóvenes dedican cerca del 92% de su salario a pagar la vivienda. Las investigaciones de la CNMC pueden tardar años en resolverse, mientras tanto los precios seguirán subiendo. El Plan de Vivienda de 7.000 millones tardará tiempo en ejecutarse. Lo importante es que vemos movimiento: controles a bancos, ayudas nuevas, y límites a pisos turísticos. Si todo esto funciona, quizás en unos años comprar o alquilar se haga menos imposible. Si no, la crisis empeorará.